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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que antes de finalizar el año, el Gobierno destinará partidas presupuestarias de 50 millones de euros para compensar a Canarias por los gastos asociados a la atención de menores migrantes no acompañados.
Tras la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente autonómico, Fernando Clavijo, Torres declaró a los periodistas que se trabajará con los ministerios para poner a disposición esos fondos, aunque los PGE estén prorrogados. Sin embargo, desde Canarias advierten que esa cantidad es insuficiente.
Torres también adelantó que se intensificará la colaboración con el PP y otros grupos parlamentarios para modificar la ley de extranjería y hacer obligatoria la distribución de menores entre las comunidades autónomas, considerándola la "única solución" para aliviar la situación en Canarias, Ceuta y Melilla.
El ministro subrayó que estos 50 millones de euros, similares a los transferidos en 2022 y 2023, representarán un "alivio significativo" para las islas y que existe el "compromiso" del Ministerio de Hacienda para desbloquear los fondos.
Aunque en la reunión no se discutió explícitamente la aprobación de un real decreto ley para la reubicación de los menores, Torres reconoció que el problema radica en la falta de apoyos necesarios en el Congreso para validarlo. Recordó que en 2018 se aprobó un decreto de este tipo, que no se aplicó porque su implementación era voluntaria.
Torres destacó que, a pesar de que se rechazó la admisión a trámite en el Congreso el pasado 23 de julio, el contacto con los grupos parlamentarios no se ha interrumpido. Expresó su esperanza de que el PP se sume al apoyo para avanzar y encontrar soluciones.
El ministro valoró el esfuerzo de los gobiernos central y canario para aprobar una reforma legislativa, algo que consideró "inédito" hasta la fecha. Afirmó que el PP fue el partido con el que más se intercambió información, aunque finalmente votaron en contra.
Criticó a los populares por presentar una Proposición no de Ley (PNL) a través de los medios, sin consultarlo con el Gobierno o el Grupo Socialista. Subrayó que para ser constructivos, "los pasos deben ser otros".
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