Rechazo de la emigración a la propuesta de crear nuevas tasas consulares para financiar la red diplomática

En un comunicado, el CGCEE ha señalado que, aunque comparte “la preocupación por el deterioro de la red consular y la necesidad urgente de reforzarla con más recursos humanos y materiales”, rechaza “rotundamente que la carga recaiga sobre la ciudadanía española residente en el exterior”.

El Consejo considera que la propuesta incurre en una “clara discriminación”, al pretender imponer tasas por servicios que “en territorio nacional son gratuitos o tienen un coste significativamente menor”, lo cual vulneraría el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, así como el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Además, advierte que estas tasas adicionales afectarían a una población que ya enfrenta “barreras geográficas, administrativas y económicas” para acceder a servicios consulares. “Imponer tasas adicionales es una forma de exclusión institucional”, recalca el comunicado, que tilda la medida de “penalizadora” para quienes más dependen del sistema.

Efectos negativos

El CGCEE también alerta de posibles efectos negativos: “La propuesta podría tener un efecto disuasorio sobre la inscripción consular y la realización de trámites”, lo que generaría desigualdades basadas en la capacidad económica o la posibilidad de viajar a España.

Desde el punto de vista jurídico, el Consejo recuerda que la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos establece que las tasas deben exigirse “con independencia del lugar en que se preste el servicio”, por lo que aplicar tarifas más altas en el exterior supondría “una discriminación territorial injustificada”. Asimismo, la ley exige que se tenga en cuenta la capacidad económica de quienes pagan estas tasas, un principio que —según el CGCEE— la propuesta ignora.

El organismo concluye que la ciudadanía española en el exterior “no representa un coste, sino un activo estratégico para España” y exige que el acceso a los servicios consulares se garantice “como un verdadero servicio público, accesible y universal”.

Finalmente, instan al Gobierno y a las Cortes Generales a rechazar esta propuesta de la ADE y a “trabajar en la mejora de la red consular con soluciones que respeten los derechos de toda la ciudadanía, sin importar su lugar de residencia”.