Bruselas denuncia a España y Malta ante el Tribunal de la UE por no aplicar normativa empresarial

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España y Malta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto a su legislación una directiva comunitaria sobre relativa a la adaptación de los criterios de tamaño para microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas o grupos, según ha informado la Comisión.

Esta directiva tiene como objetivo actualizar y adaptar los criterios para determinar el tamaño de la empresa establecidos en otra norma emitida en 2013. De esta forma se garantiza que las microempresas, pequeñas y medianas empresas no estén sujetas a disposiciones indebidas de la UE en materia de información financiera y de sostenibilidad aplicables a empresas de mayor tamaño, y es fundamental para seguir reduciendo la carga administrativa.

Los estados miembros debían transponer esta directiva íntegramente antes del 24 de diciembre de 2024. La mayoría de los estados miembros de la UE han declarado la transposición completa de la norma, sin embargo, España y Malta aún no han notificado medidas nacionales de aplicación de la misma.

La Comisión envió cartas de emplazamiento a España y Malta el pasado mes de enero de 2025 y, posteriormente, dictámenes motivados en julio del mismo año. La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades nacionales de estos estados miembros han sido insuficientes y por tanto ha decidido remitir estos asuntos al Tribunal de Justicia de la UE para que abra el procedimiento que corresponde.

En su comunicado, la Comisión apunta que la transposición de esta directiva es crucial para el funcionamiento del mercado único, ya que garantiza la coherencia y la comparabilidad de las categorías de tamaño en toda la UE, y que las empresas o grupos de tamaño similar estén sujetos a las mismas obligaciones legales de la Unión, manteniendo así la igualdad de condiciones.

Expedientes a doce estados por los criptoactivos

Por otra parte, la Comisión también anunció hoy el inicio de expedientes sancionadores contra doce estados por incumplimiento de las normas comunitarias sobre transparencia fiscal e intercambio de información en el sector de las criptoactivos.

La apertura de un procedimiento de infracción supone el envío de una carta de emplazamiento remitida por los servicios comunitarios a las autoridades nacionales dando un plazo de dos meses para resolver la situación. Los estados a los que se han enviado las cartas son Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, España Grecia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia y Portugal

A falta de una solución en el plazo abierto, Bruselas podrá dar un nuevo plazo de diálogo de entre uno y dos meses --tras el envío de un dictamen motivado--, antes de sopesar elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Bruselas considera "fundamental" que la normativa sea aplicada en las legislaciones nacionales de todos los países del bloque para poder garantizar "una mayor transparencia fiscal y luchar contra la elusión y la evasión fiscales en las rentas de inversión".