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José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer presidente de la democracia española investigado por corrupción. En el marco de una causa sobre el destino de los 53 millones de euros del rescate público a la aerolínea Plus Ultra, el expresidente socialista deberá acudir a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo día 2, imputado por delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
En busca del rastro de esos fondos públicos, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha registrado el despacho del expresidente socialista, la empresa de sus hijas (WhatTheFav), la compañía Softgestor y la mercantil Inteligencia Prospectiva, propiedad de una familia originaria de Venezuela; al tiempo que ha enviado un requerimiento de información a la SEPI, dependiente del ministerio de Hacienda.
Este caso tiene su origen en una investigación abierta por la Fiscalía en 2024 a raíz de dos instancias de Suiza y Francia en relación con un posible blanqueo de capitales en su territorio, y motivó al año siguiente un registro en la sede de la compañía aérea que acabó con la detención de su consejero delegado y su presidente.
El papel de Zapatero, a quien el magistrado considera el líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias, se materializa a través de la consultora Análisis Relevante.
Administrada por Julio Martínez, un amigo del expresidente del gobierno, esta empresa facturó a Plus Ultra por informes y análisis que habría firmado el expresidente. Ante la comisión del Senado que investiga la actuación de José Luis Ábalos —hoy en prisión— durante su etapa como ministro de Transportes, el propio expresidente admitió haber cobrado por esa labor cerca de 500.000 euros "contra factura" de esa compañía, que también contrató a la agencia de sus hijas para actividades de marketing y comunicación por 198.000 euros.
Sin embargo, el juez Calama eleva esa cuantía. Entre Zapatero y sus hijas —sostiene— habrían cobrado de forma irregular un total de 1,95 millones de euros en comisiones. Ese dinero habría servido para pagar la influencia del exdirigente ante el gobierno que dirige Pedro Sánchez, a fin de lograr el rescate público de la pequeña compañía aérea, que ha ampliado recientemente su flota hasta los seis aviones según sus propios datos públicos.
Esos casi dos millones de euros se repartirían, según el auto del juez, entre los 490.780 euros pagados a Zapatero y los casi 239.755 euros que recibió la empresa de sus hijas por parte de Análisis Relevante, a los que se sumarían otros 1,2 millones de euros que habrían obtenido del think tank presidido por Daniel Romero-Abreu Kaup, cuyo consejo asesor preside el propio exlíder socialista.
Estos abonos se habrían hecho a través de dos vías: Gate Center emitió 524.707 euros a Zapatero y sus hijas, mientras Thinking Heads, la compañía que gestiona ese centro, giró otros 693.615 euros más a ambas partes.
En el escrito del magistrado también consta que Zapatero dio instrucciones para crear "al menos" una sociedad off-shore en Dubái.
Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica —otra empresa de Julio Martínez, el empresario valenciano amigo de Zapatero— con un plan de negocio de tres millones de dólares en cinco años. Precisamente, Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros) y las pesquisas del juez apuntan que la firma dubaití pudo servir para canalizar ese cobro.
Fiscalía Anticorrupción sostiene que el dinero entregado a Plus Ultra se utilizó para devolver préstamos a otras empresas de la supuesta trama delictiva. Estas, a su vez, habrían obtenido esos fondos de actos de malversación relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
"La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal", recogió el ministerio público.
Es más, en su escrito incidía en la utilización de dinero procedente del extranjero para adquirir propiedades inmobiliarias y contratos de préstamo a Plus Ultra. Asimismo, se mencionaba una venta de oro por importe de 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos, el envío de fondos a otra empresa con cuenta en Panamá y advertía de que se había podido blanquear dinero a través de la compraventa de relojes de lujo.
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