A partir de ahora se podrá hablar en catalán, euskera y gallego en los plenos del Comité Económico y Social Europeo

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha firmado un acuerdo histórico que permitirá el uso del catalán, el euskera y el gallego en las sesiones plenarias del Comité Económico y Social Europeo (CESE). La decisión llega después de que, el pasado 25 de febrero, el CESE aprobara el acuerdo que habilita la inclusión de estas lenguas cooficiales españolas en este importante órgano consultivo de la Unión Europea.

El CESE, compuesto por 329 representantes de organizaciones de trabajadores, empresarios y otros grupos de la sociedad civil, tiene la misión de emitir dictámenes sobre cuestiones clave de la UE para la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. Además, actúa como un puente entre las instituciones de la Unión y los ciudadanos europeos. De los 329 miembros del CESE, 27 son españoles, quienes ahora podrán intervenir en las sesiones plenarias utilizando su lengua cooficial correspondiente.

Según el Ministerio, esta medida supone un avance en la "promoción de la identidad nacional plurilingüe" de España y un paso importante para "acercar las instituciones europeas a la ciudadanía".

En este contexto, el Gobierno español también ha recordado que la promoción del uso de las lenguas cooficiales en la Unión Europea es una de sus principales prioridades. Esta política busca lograr un reconocimiento más amplio de las lenguas cooficiales españolas a nivel europeo y subraya la importancia de mantener la diversidad lingüística dentro de las instituciones comunitarias.

Este acuerdo con el CESE forma parte de un proceso más amplio que el Ejecutivo está llevando a cabo en la UE. En agosto de 2023, el Gobierno solicitó formalmente al Consejo de la UE la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el reglamento lingüístico europeo, que actualmente incluye 24 lenguas oficiales. Sin embargo, para que esta solicitud sea aceptada, es necesario alcanzar la unanimidad de los Veintisiete, un desafío aún no resuelto debido a las dudas de algunos países miembros que temen que este paso pueda establecer un precedente.

Para solventar estas reticencias, el Gobierno español se ha comprometido a cubrir los posibles costes adicionales derivados de la inclusión de estas tres lenguas, que Bruselas estima en 132 millones de euros.

Por otro lado, el Ejecutivo también ha solicitado al Parlamento Europeo que autorice el uso del catalán, euskera y gallego en sus plenos, adoptando un acuerdo administrativo similar a los que ya existen con otras instituciones de la UE. Sin embargo, la Mesa del Parlamento aún no ha tomado una decisión, aunque la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha encargado un informe sobre las implicaciones que tendría la inclusión de estas lenguas en los plenos.

Desde el Ministerio de Exteriores, se ha reiterado que las lenguas cooficiales españolas ya se usan con normalidad en la mayor parte de las instituciones europeas, al igual que se utilizan en las dos cámaras legislativas de España y en todos los ámbitos de la vida pública y administrativa en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales.