El Ministerio dedicará más de ocho millones de euros en la prestación de asistencia sanitaria a españoles residentes en el exterior

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, destinará más de ocho millones de euros en 2024 para garantizar la atención sanitaria de los españoles residentes en el extranjero.

Esta atención se brinda mediante convenios con los sistemas de salud públicos del país de residencia de estos ciudadanos españoles o, más comúnmente, con aseguradoras privadas. Actualmente, existen 19 convenios vigentes y cuatro en fase de renovación, cubriendo a los españoles en 14 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia, Uruguay y Venezuela.

En 2023, 6.307 españoles residentes en otros países se beneficiaron de estas ayudas, que representaron un desembolso de casi 6,5 millones de euros por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Para 2024, el gasto del Gobierno de España superará los ocho millones de euros. Este incremento se debe principalmente al nuevo convenio firmado con la Fundación España Salud (FES) el 13 de mayo, para garantizar la asistencia sanitaria en Venezuela a los españoles residentes sin recursos económicos suficientes. Este convenio, el más significativo en términos de beneficiarios y financiación, atenderá a 4.092 españoles y representará una inversión de casi cinco millones de euros. Además, el 3 de abril, el ministerio se comprometió a aumentar la ayuda por pensionista de 960 a 1.200 euros.

La FES, fundada en 2006, tiene como objetivo proporcionar atención sanitaria a los emigrantes españoles, pensionistas del sistema español y beneficiarios de ayudas por incapacidad, extendiéndose también a otros miembros de la comunidad española. Su principal soporte económico es el Gobierno de España.

Estas ayudas están respaldadas por el Real Decreto 8/2008, que garantiza el derecho a la asistencia sanitaria a los españoles en el extranjero sin recursos propios, y por la Ley 3/2005, que reconoce una prestación para los ciudadanos de origen español desplazados durante la Guerra Civil en su minoría de edad y que han vivido mayoritariamente fuera de España, asegurando una correcta asistencia sanitaria en sus países de residencia.