El presidente de Portugal ratifica la ley que prohíbe el uso del burka

polémica

La norma, impulsada por el partido ultraderechista Chega y que contó con el apoyo del centroderecha luso, permite sancionar a quienes se cubran el rostro en lugares públicos

Mujeres con burka en un parque
Mujeres con burka en un parque | Europa Press

El presidente de Portugal, el socialista António José Seguro, ha ratificado hoy la ley que prohíbe cubrirse el rostro en lugares públicos y que, en la práctica, veta el uso del burka y el niqab en las calles del país luso; un proyecto de ley impulsado por el partido ultraderechista Chega que ha contado con el apoyo de la coalición conservadora en su aprobación parlamentaria.

La tramitación de esta normativa ha despertado un intenso debate político y social durante los últimos meses, con argumentos encontrados en torno a la seguridad, la integración y los derechos de las mujeres, pero también relativos a la libertad individual y religiosa de cada persona.

El jefe de Estado, no obstante, ha tenido que ratificar un texto salido de la Cámara y que viene avalado por pronunciamientos previos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos referidos a "la integración social, la no discriminación por razón de género y la seguridad".

De hecho, a través de un comunicado, el mandatario luso subraya no solo el hecho de que "el rostro es fundamental para la identidad y la comunicación humanas", sino que rechaza de plano la discriminación que lleva aparejada la vestimenta del burka. "Admitir que las mujeres, y solo las mujeres, deben ocultar sus rostros por completo", alega, implica "una asimetría incompatible" con valores que "dan forma a las democracias europeas", como la igualdad entre hombres y mujeres.

Y, tras admitir que en sociedades libres como las europeas "cada persona debería poder vivir su identidad y sus creencias", no ha pasado por alto que estas han de insertarse dentro de "un conjunto de reglas comunes". En este sentido, mostrar la cara es un elemento fundamental para construir "la confianza social", que es a su vez la base de la convivencia en "una sociedad democrática, libre y plural", según sus propias palabras.

Con todo, se ha declarado consciente de que "resulta extremadamente difícil definir límites y valorar los derechos y deberes de forma equilibrada".

Tras la firma de António José Seguro, esta ley entrará en vigor casi un año después de su llegada al Parlamento. Las discrepancias entre la ultraderecha, más centrada en la cuestión religiosa, y el centroderecha, que alegaba motivos de seguridad, retrasaron su aprobación hasta julio.

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