El precio de la vivienda en España sigue escalando sin expectativas de contención

El aumento de los precios de compra de la vivienda en España es una tendencia que se viene consolidando en los últimos años y sobre la que no se acaba de avistar el final. Los últimos datos oficiales (segundo trimestre de 2025) indican que el incremento alcanza el 12,7 por ciento en el último año y si echamos la vista atrás comprar una vivienda en España cuesta un 71 por ciento más que hace diez años. Las señales de contención de los precios no acaban de llegar y la epidemia se contagia a los alquileres que registran un incremento del 10,5 por ciento en los últimos doce meses (Informe Idealista. Agosto 2025). El precio de la vivienda libre lleva incrementándose un total de 40 trimestres consecutivos en España, es decir, diez años consecutivos de subidas.

Según las previsiones de la patronal FADEI –que agrupa a las empresas de mediación inmobiliaria– la tendencia no se va revertir a medio plazo y la explicación es aparentemente sencilla: la oferta va a seguir siendo muy insuficiente para cubrir una demanda que no para de crecer, especialmente en las grandes ciudades y en amplias zonas de la costa. El Ministerio de Vivienda ha presentado recientemente en el Consejo de Ministros el nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 que tiene previsto dedicar un 40 por ciento de su presupuesto total (7.000 millones de euros) a la construcción de vivienda protegida y otro 30 por ciento a rehabilitación.

Este tipo de medidas no acaban de convencer al presidente de FADEI, Miguel Ángel Gómez Huecas, quien considera que el problema no va a resolverse mientras que la demanda siga siendo muy superior a la oferta, en especial en las grandes ciudades y en determinadas zonas costeras. “Vemos a diario que las viviendas que salen al mercado en zonas muy demandadas desaparecen en apenas 24 horas y eso es porque la demanda cada vez es mayor. Las medidas que se han tomado para regular los precios del alquiler no han servido para nada e incluso ha bajado un 30 por ciento la oferta donde se han declarado zonas tensionadas como en Cataluña. Ya hemos visto en otros lugares de Europa, como Alemania por ejemplo, que este tipo de medidas no funcionan. Y además el alquiler sigue subiendo porque también lo hace el precio de las propias viviendas”, explica Gómez Huecas.

Para el presidente de la patronal inmobiliaria la construcción de viviendas protegidas puede ser una buena medida para corregir la tendencia del mercado pero a su juicio este tipo de soluciones llegan tarde y el largo período de tiempo que lleva ponerlas en marcha tampoco juega a favor. “Para que puedan avanzar las nuevas promociones se necesita liberar suelo y los problemas administrativos retrasan la ejecución. No puede ser que se retrase la puesta en disposición de un suelo uno o dos años por problemas burocráticos. Se necesita colaboración por parte de todos los agentes implicados para acelerar este proceso y no retrasar la ejecución de los proyectos porque los mayores perjudicados son los ciudadanos que siguen viendo aumentar los precios”, señala el titular de FADEI.

La demanda crece especialmente en las grandes ciudades y en zonas costeras como la Costa del Sol ya que ofrecen los mejores servicios y se convierten en lugares atractivos para vivir, también para los extranjeros de nivel medio-alto que buscan una vivienda para vivir en España y que dan mucha importancia a contar con los buenos servicios que se ofrecen en las ciudades y áreas metropolitanas.

En lo que se refiere al precio de los alquileres – que aumentan por encima de la media en comunidades como Castilla La Mancha, Madrid, Andalucía y La Rioja–, Gómez Huecas considera que la regulación actual “protege al inquilino y al okupa frente al propietario”. A su juicio, los arrendadores tienen que ejercer el papel que debería tomar la Administración y sufren la inseguridad jurídica que supone tener grandes dificultades para desalojar de un inmueble a aquellos que no quieren-pueden seguir pagándolo.

Apuesta del PEV por vivienda protegida

La continua subida del precio de venta y alquileres de pisos y la alarma social que se genera ha llevado al Gobierno central a presentar un PEV, que triplica la financiación con la que contaba el plan anterior para alcanzar los 7.000 millones de euros. El 70 por ciento de la financiación prevista iría destinada a la construcción de vivienda protegida y a la rehabilitación. Además, se prevén ayudas al alquiler centradas en los jóvenes para que consigan emanciparse.

Según las previsiones apuntadas hace unos días por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el Consejo de Ministros debe aprobar el plan antes de final de año y este proyecto supondrá “un cambio de paradigma” al no tener en cuenta criterios únicamente economicistas para realizar inversiones en este sector. Al contar las comunidades autónomas con la mayoría de las competencias en Vivienda, el desarrollo y ejecución del plan dependerá en buena medida de los acuerdos a los que pueda llegarse con los ejecutivos autonómicos.

Acuerdos Estado-Comunidades Autónomas

La ministra declaraba estos días que ve posible llegar a acuerdos con las comunidades para el desarrollo del plan, a pesar de que la mayoría de esos gobiernos pertenecen al PP. Sin embargo, las discrepancias de modelo que existen, especialmente con comunidades como Madrid, harán complicado el desarrollo y ejecución del plan que además puede verse alterado con los procesos electorales que ya están previstos en varias comunidades para el año próximo y a los que podría sumarse una eventual convocatoria de elecciones estatales anticipadas.

Las polémicas entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas por la ejecución del actual Plan Estatal de Vivienda han sido habituales en los últimos tiempos. Ambas partes suelen estar de acuerdo en que quieren ayudar a los ciudadanos a afrontar los elevados gastos que supone el alquiler, por ejemplo. Pero al final la eterna disputa política lleva a las comunidades a quejarse de que los fondos estatales son insuficientes para el gran volumen de ayudas que se necesita, mientras que el Ejecutivo central suele señalar que las comunidades no son eficientes para implementar estas ayudas y tampoco les dedican fondos propios. Esto lleva a no ser muy optimista sobre la efectividad real del próximo PEV.