La Eurocámara evita tildar la ofensiva en Gaza de genocidio

El Parlamento Europeo adoptó una resolución condenando la “catástrofe humanitaria” en la Franja de Gaza, aunque evitó calificarla como “genocidio”, como pedían algunos eurodiputados progresistas. El texto responsabilizó a Israel de “bloquear” la entrega de ayuda humanitaria y apoyó la propuesta de la Comisión Europea de suspender parcialmente el acuerdo de asociación comercial con Israel.

La resolución señaló que la ONU reconoce que la ofensiva israelí en Gaza “es consistente con las características de un genocidio”. Fue aprobada con 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones, con apoyo de PP, PSOE, liberales, mayoría de verdes y de izquierda, mientras Vox y Podemos votaron en contra y Sumar, Compromís, BNG y Bildu se abstuvieron.

El Parlamento exigió un alto el fuego inmediato, la entrega de ayuda humanitaria y la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamás, además de defender la solución de dos Estados para una paz duradera. También pidió suspender el pilar comercial del acuerdo UE-Israel, bloquear transferencias de armas, sancionar a colonos violentos y penalizar a los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir.

El pleno respaldó restablecer el mandato y la financiación de la Unrwa, apoyó al Tribunal Penal Internacional (TPI) y sus órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra. Condenó “los bárbaros crímenes perpetrados por Hamás contra Israel”, reafirmó el derecho de Israel a la legítima defensa, pero subrayó que esto no justifica acciones indiscriminadas en Gaza y denunció el uso de civiles como escudo humano.

La resolución destacó la necesidad de vigilancia continua de la UE, proteger a los civiles, garantizar el acceso seguro a ayuda humanitaria y coordinarse con organismos internacionales para mediar en el conflicto. Instó a los Estados miembro a respaldar sanciones y medidas de presión sobre Israel y Hamás, reforzar el cumplimiento del Derecho internacional humanitario, garantizar transparencia en la distribución de ayuda y realizar evaluaciones periódicas sobre el impacto de las sanciones y la protección de los derechos humanos en la región.