La cuestión no es el modelo de Estado, que es un debate que está siempre sobre la mesa impulsado por partidos de corte republicano, o más recientemente por otros grupos de intereses menos evidentes. La cuestión es la ejemplaridad. Hace poco más de un año dimitía el presidente de Alemania, Christian Wulff, por un presunto caso de corrupción relacionado con un crédito recibido de un amigo empresario. Se le sustituyó y acabada la polémica.
Casi de forma simultánea a la declaración del presidente del Gobierno ante la junta directiva de su partido en la que afirmó que 'las instituciones están sanas' se producía la imputación de la infanta Cristina, por parte del juez José Castro, como presunta cooperadora necesaria en los delitos cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin. A veces es preciso animar a los imputados por actuaciones irregulares a que adopten a posteriori la ejemplaridad que no supieron mantener cuando debieron hacerlo, y que no es incompatible con la presunción de inocencia. Se trata entonces de actuar de forma decidida para que la institución permanezca sana. Aunque sea un lugar común, y así se acabe demostrando en sede judicial, una infanta de España además de ser honrada debe parecerlo y tendría que haber sido consciente del daño a la Corona que podía causar por acción o por omisión, o por no haber atendido con diligencia las señales de alarma.
En términos cotidianos es difícil aceptar que, en un matrimonio de estas características, ambos cónyuges no sepan lo que hace el otro y de dónde proceden los ingresos familiares. Máxime si se han producido otras advertencias y conversaciones familiares y tráfico de correos electrónicos en los que se da cuenta de que desde las más altas instancias se estaba al tanto de las andanzas de Urdangarin. Y por ahí se puede abrir otra vía de agua en el prestigio de la Corona.
Dentro de dos semanas tendrá lugar el aniversario de las disculpas públicas del rey -'Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir'- tras su cacería en Botswana, pero desde entonces se han conocido otros hechos que parece que se alejan de la ejemplaridad, desde los servicios prestados por la princesa Corinna a la herencia paterna en Suiza, y sobre las que se requieren explicaciones públicas que contribuyan a mantener el buen estado de la Corona.
La profusión de informaciones comprometidas hace tal daño institucional que provoca una parálisis de las necesarias reformas constitucionales sobre la Corona, que hace mucho tiempo debieran haberse abordado. La responsabilidad de los dos partidos mayoritarios en esta situación de indefinición de la institución es evidente. En una mal entendida labor de protección de la Corona han dejado pasar oportunidades que ya no volverán y el rédito con el que contaba Don Juan Carlos como uno de los principales artífices de la Transición se ha consumido rápidamente, de tal forma que cualquier intento de modificación legal que afecte a la Corona se convertirá en un plebiscito y en un referéndum sobre la forma de Estado.
Recuperar ese crédito costará años, y sin la serenidad necesaria no se pueden abordar asuntos tan evidentes como el del derecho de la mujer a la sucesión de la Corona, o el estatuto del príncipe de Asturias y su protección judicial, y mucho menos que se produjera la abdicación del rey sin antes dejar resueltos los problemas que atañen a la Corona.
