Como ocurre con el resto de las tramas opacas que jalonan la judicializada vida española y que involucran a altos cargos de muy diferentes administraciones en actividades impropias y delictivas, la de los EREs de Andalucía es endemoniada de desentrañar pero relativamente sencilla de entender si por entender se supone comprender los mecanismos aplicados en ella para obtener muchísimo dinero.
El sistema utilizado por esta organización para repartirse verdaderas fortunas en dinero público cuyo destino supuesto era financiar prejubilaciones incentivadas en varias empresas de confianza del Gobierno autonómico andaluz, es en esencia muy sencillo, aunque en la práctica necesitara de una compleja infraestructura que permitiera canalizar el dinero recibido, repartirlo y soslayar su falso empleo documentándolo con facturas igualmente falsas que acreditaran cumplir el destino que se le exigía cuando era otorgado.
Esa compleja arquitectura administrativa y financiera que ha permitido estafar al erario público una cantidad que la investigación cifra a partir de mil setecientos millones de euros, necesitaba un cerebro y es precisamente este papel el que la juez Mercedes Alaya atribuye a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, y por lo que le ha impuesto una fianza civil de casi treinta millones de euros. Son para cubrir posibles indemnizaciones y gastos derivados de su actuación como consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2009 que es cuando los datos demuestran se perpetró aquel expolio.
Según acredita la declaración de bienes que la ex ministra realizó para convertirse en vicepresidenta del BEI con sede en Luxemburgo, Magdalena Álvarez gana 24.000 euros al mes. más diferentes complementos por residencia en el exterior, desplazamientos y otros capítulos similares. Tiene cuatro viviendas en propiedad y varias plazas de garaje que le reportan redondos beneficios y por tanto, vive muchísimo mejor que la mayor parte de los europeos pero para juntar un aval de 29 millones de euros no están esas cuentas suyas. Depende ahora mismo de que la entidad en la que trabaja decida en consejo si le mantiene el puesto a desea una dimisión para no crear escándalo. Estamos ante la mayor estafa de dinero público operada en España y ser su presumible cerebro marca tendencia. Vaya que sí lo marca.
