Apartir de septiembre las cuentas públicas del Estado van a experimental una mejoría brutal. El PIB español, el parámetro que mide el valor de toda la producción anual de bienes y servicios, va a tener en cuenta no solo lo que generan las actividades, digámoslo así, legales, sino también la ingente cantidad de dinero que mueve el tráfico de drogas, el contrabando y la prostitución en sus diversas formas. Y en virtud de este cambio, al parecer propugnado desde instancias europeas, de repente y como por arte de magia, los técnicos del Ministerio de Hacienda, para mayor gloria de Montoro, podrán anotar en el haber contable una cifra que, según diversas estimaciones, oscila entre los 25.000 y los 42.000 millones de euros, lo que supondrá un gran alivio fiscal, ya que tanto el déficit público como el porcentaje de deuda respecto del PIB mejoraran ostensiblemente, y podremos presentarnos ante la troika comunitaria con los deberes hechos y corregidos.
Sí, señores, por qué no decirlo, en realidad tenemos una economía mucho más saneada de lo que aparentemente muestran las cuentas oficiales, y andan rulando por ahí miles de millones de euros que nos hacen más ricos y poderosos; es verdad que esa pasta se mueve entre mafias que trafican con armas y regentan garitos inmundos en los que se explotan a pobres mujeres, algunas menores de edad; es verdad que ese dinero, por propia definición, es negro zumbón y que de él no se recauda nada, y por eso nada de él se reparte equitativamente; y es cierto también que el negocio de la droga solo es rentable para los grupos que las controlan, que se aprovechan precisamente de la condición ilegal de su tráfico para amasar grandes fortunas con las que controlan y derrocan gobiernos, pues lo que hace lucrativo a ese negocio es su carácter ilícito; todo eso es verdad, y por eso ese aumento del PIB es ficticio y no redistribuye riqueza entre la población; pero a estas alturas no vamos a andar con moralinas ni escrúpulos hipócritas. Hubo, hay y siempre habrá drogas y prostitución; por eso, ¿por qué no computar estos vicios dentro de la oferta global de bienes y servicios?
La verdad es que obviar que hay fortunas escondidas detrás de esos turbios negocios es negar la evidencia más palpable; ahora bien, una cosa es cuantificar a groso modo cuántos miles de millones de euros mueven esas actividades ilegales, y otra bien distinta es computarlas como parte de la riqueza nacional; ¿o es que acaso los jefes de los cárteles declaran al fisco sus ingresos? ¿O es que todos nos hemos convertido, aun sin saberlo, en accionistas de sociedades pantalla domiciliadas en paraísos fiscales, a través de las cuales se canaliza y se encubre el dinero procedente de la trata de blancas o de menores?
No cabe duda de que algo no cuadra en esta novedosa forma de medir la riqueza nacional. Otra cosa sería que el desarrollo de estas actividades estuviese reglado, que cada negocio tuviese que cumplir escrupulosamente con la normativa, que cada trabajador estuviese asegurado en lugar de ser explotado, que todos cotizasen a la seguridad social, y que las mafias se viesen abocadas a su desaparición porque, así es, sin delito ya no hay bandas organizadas. Pero eso es tanto como abrir la caja de Pandora y poner encima de la mesa, serenamente, el debate sobre la legalización, y si es así en qué condiciones, de las drogas y la prostitución. Algo que en España sigue siendo tema tabú. Lo cual no deja de ser su punto de cinismo: no me hables, pecador, de permitir las drogas o la prostitución; eso sí, cuando me presentes las cuentas no te olvides de computar en el haber lo que la peña se gasta en coca y en puticlubs, pues el dinero, venga de donde venga, sigue siendo el poderoso caballero.
