Dos años de cárcel al dueño de un concesionario por estafar 100.000 euros a un matrimonio en Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 1.440 euros a Antonio G.F, propietario de un concesionario, por estafar 100.000 euros a un matrimonio, a quienes hizo creer que disponía de dos furgonetas para su venta y que podía intermediar en la compraventa de inmuebles procedentes de embargos.

Además de la pena de cárcel, la Sala le impone el pago de una indemnización de 100.000 euros a las víctimas. Los magistrados consideran probado que el acusado "desde el momento inicial tenía la intención de no asumir la contraprestación a la que se obligó, faltando a la verdad reiteradamente para mantener a las víctimas en un engaño prolongado".

La sentencia se basa en los testimonios de los perjudicados, corroborados por la documentación bancaria, los mensajes intercambiados por teléfono y la falta de una explicación convincente por parte del acusado. El tribunal también descarta que las víctimas incurrieran en negligencia, aunque reconoce que algunas de las ofertas resultaban "fantasiosas", como un piso en el paseo marítimo de Palma por 50.000 euros.

La Sala concluye que "no se puede exigir, en base a la autotutela, que los compradores accedan previamente al expediente de la subasta para comprobar la veracidad de las afirmaciones del acusado".

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Los hechos

En mayo de 2022, la pareja contactó con Antonio para comprar dos furgonetas, por las que ingresaron 9.000 euros. Al no recibir los vehículos, reclamaron el dinero y Antonio accedió a devolverlo.

Meses después, en noviembre, el acusado volvió a ofrecerles dos furgonetas por el mismo importe. La pareja, confiando nuevamente en él, le transfirió otros 9.000 euros, pero esta vez no obtuvieron ni los vehículos ni el reembolso.

Un mes más tarde, Antonio les propuso adquirir un inmueble en Mallorca supuestamente procedente de una subasta judicial, a un precio muy por debajo del mercado. Convencidos por la oferta, le enviaron 20.000 euros. A partir de entonces, el acusado continuó presentando otras oportunidades similares vinculadas a inmuebles embargados, hasta que la suma total entregada alcanzó los 100.000 euros, sin que la pareja recibiese ningún bien a cambio.