Una banda investigada por "sextorsión" en Ourense que empujó a su víctima al intento de suicidio

La titular de Instrucción 3, Eva Armesto, fechará en breve la comparecencia de 12 investigados por “sextorsión” para concretar la imputación delictiva, tal como establece el artículo 25 de la Ley del Jurado. La magistrada, en principio, habla de cuatro infracciones penales: extorsión continuada, organización criminal, amenazas e inducción al suicidio. En un principio, la togada había señalado para el 2 de octubre este trámite procesal, pero fue aplazado por la petición de varios abogados y el propio fiscal. A este último, según comunicó al juzgado, no le fue posible consultar el sumario “porque en el visor no se ha introducido la mayor parte del procedimiento”, pese a que el representante del Ministerio Público asignado a ese juzgado “ha recabado reiteradamente el traslado de las actuaciones para poder instruirse de las mismas”.

La Policía Nacional desarticuló en noviembre de 2022 una organización criminal dedicada a la “sextorsión” que operaba desde Ourense y Carballiño, pero cuyas raíces llegaban a la República Dominicana. La red utilizaba anuncios de servicios sexuales falsos en internet para contactar a sus víctimas. Todo comenzaba con un simple clic. Anuncios ficticios de servicios sexuales en páginas web eran el cebo perfecto. Las víctimas, atraídas por estos señuelos, contactaban con mujeres inexistentes. En ese momento, la trampa se cerraba. La banda, con una red de doce miembros, exigía una “multa” a las víctimas por supuestamente haber “molestado” a sus “chicas”. El precio de la “paz familiar” eran miles de euros, y el castigo por no pagar, una ola de amenazas que escalaban rápidamente de la simple coacción a la más pura intimidación.

Los mensajes de texto iniciales se convertían en imágenes escalofriantes de cuerpos mutilados y, en un punto de quiebre absoluto, en un vídeo de una ejecución, una macabra puesta en escena para mostrar el destino de quienes no “resolvieran por las buenas”. Las amenazas eran tan convincentes que una de las víctimas, un joven de Cartagena, intentó quitarse la vida tras ceder al chantaje y pagar 11.600 euros. Sobrevivió, pero su desesperación añadió a los cargos de la banda el grave delito de inducción al suicidio.

La investigación identificó a 27 víctimas, a las que la organización estafó más de 71.000 euros en un año, utilizando diversas formas de pago, desde transferencias bancarias hasta Bizum.

La jueza del Juzgado de Instrucción 3 de Ourense imputó a doce personas por los delitos de extorsión continuada, organización criminal, amenazas condicionales y un delito de inducción al suicidio. Todo apunta a que será el juicio con tribunal popular con mayor número de imputados hasta la fecha.