O Cimborrio denuncia el impacto del Samaín en Ourense

La asociación vecinal O Cimborrio ha presentado una denuncia formal ante el Concello de Ourense por el impacto acústico de la noche de Samaín y reclama al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, una ubicación alternativa estable para sacar las grandes orquestas y sesiones DJ del entorno de la calle Progreso y la Alameda.

El colectivo denuncia que la actuación de la París de Noia se prolongó el pasado 31 de octubre hasta las 03,00 de la madrugada -una hora y media más tarde que años anteriores-, y pide aclarar si se autorizó además una ampliación de dos horas que mantuvo abiertos los locales del casco histórico hasta las siete de la mañana.

En su denuncia, registrada el 9 de noviembre, la entidad recuerda que a menos de cien metros del escenario se encuentran tres centros de mayores -la Residencia Alameda, los apartamentos tutelados Alfredo Romero y la vivienda comunitaria del mismo nombre-, a los que se sumará en 2027 una cuarta residencia de la Fundación San Rosendo.

"La proximidad de estos centros exigía que la valoración acústica identificase expresamente su presencia y considerase la exposición de las personas residentes, especialmente durante el descanso nocturno", argumenta O Cimborrio. Además, advierte de que la jurisprudencia del Supremo equipara estos centros a instituciones sanitarias, un supuesto en el que la normativa gallega impide suspender temporalmente los objetivos de calidad acústica.

Exigencias

La asociación exige acceso a los expedientes, mediciones reales de los sonómetros y actas policiales para comprobar si hubo evaluación previa o excepciones legales, advirtiendo de que "una manifestación genérica de que el evento estaba autorizado no acredita por sí misma estos extremos". Asimismo, insta al gobierno local a aprobar un calendario con participación vecinal para trasladar de forma permanente este tipo de eventos a un recinto adecuado, "evitando concentrar reiteradamente la exposición acústica sobre el mismo vecindario".

O Cimborrio subraya que la administración dispone de un plazo legal de un mes y alerta de que pedirá que se depuren responsabilidades.