Cogami gestionará el centro de personas con discapacidad

La mesa de contratación de la Xunta de Galicia se reunió este lunes para evaluar las ofertas presentadas para la gestión integral del Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Ourense (CAPD). Tras la revisión de las propuestas, la entidad Cogami y la Fundación Menela, ambas asociadas en UTE, fue la única opción que pasó el corte por cumplir los requisitos. La UTE obtuvo la mejor puntuación para asumir el centro ubicado en el barrio de Barrocás. Ahora, el proceso avanza y será cuando deba presentar toda la documentación exigida para la adjudicación definitiva del contrato.

Las empresas que conforman esta UTE, por tanto, son COGAMI (Confederación Gallega de Personas con Discapacidad) es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en Galicia, ofreciendo servicios de formación, empleo y apoyo, y la Fundación Menela, que es una organización especializada en la atención y educación de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras discapacidades, proporcionando recursos asistenciales, educativos y terapéuticos.

Un modelo diferente

Este centro, con una inversión de 10 millones de euros en las instalaciones, será el primero de su tipo de titularidad pública en la provincia para personas con diversidad funcional mayores de 21 años. El contrato ahora licitado, e gestión externa, valorado en 14 millones de euros y con una duración de tres años, ha desatado críticas entre algunas familias, puesto que Ourense será el único centro, junto al de Ferrol, de este tipo con un modelo de funcionamiento diferenciado y no gestionado directamente por la Xunta.

El centro contará con 110 plazas asistenciales, 80 residenciales y 30 de atención diurna terapéutica.

Exclusión de dos entidades por incumplimientos

Durante la revisión de las ofertas, se detectaron incumplimientos en los requisitos mínimos de personal en dos de las entidades licitadoras:

• Casa Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey – Esclavas Virgen Dolorosa no incluyó en su oferta la figura obligatoria de un trabajador o trabajadora social entre los siete profesionales con titulación universitaria requeridos.
• Fundación San Rosendo tampoco cumplió los requisitos, ya que su oferta carecía tanto de un trabajador o trabajadora social como de un psicólogo o psicóloga con titulación universitaria superior o posgrado, ambos obligatorios.

Puntuaciones y valoración final

Tras la exclusión de estas propuestas, la mesa procedió a la valoración de la única entidad que continuó en la licitación, Cogami-Fundación Menela UTE, cuyas puntuaciones fueron las siguientes:

• Oferta económica: 40 puntos (máximo posible).
• Oferta rateo: 0 puntos (máximo 15).
• Medidas de conciliación: 10 puntos (máximo 10).
• Total (sobre C): 50 puntos.

Sumando esta puntuación a la valoración técnica (27,70 puntos en el sobre B), la propuesta de Cogami-Fundación Menela UTE alcanzó un total de 77,70 puntos.

Acuerdos de la mesa de contratación

Una vez revisados los informes y las puntuaciones, la mesa acordó la aprobación del informe de valoración de las ofertas, la exclusión de las dos entidades que no se ajustaron a lo requerido, solicitaron a COGAMI-Fundación Menela UTE que aportaran la documentación acreditativa y propusieron formalmente la adjudicación del contrato de gestión a esta entidad.

Se mantiene el 1 de abril como fecha de apertura

La consellería de Política Social mantiene la fecha del 1 de abril como el día para que el centro de Barrocás comience a funcionar. Pensado para personas con discapacidad mayores de 21 años, contará con 110 plazas -80 para atención diaria residencial y otras 30 para atención diurna terapéutica-.

Su puesta en marcha supone cerrar un proceso de más de ocho años, donde se ha intentado que abran sus puertas al menos en tres ocasiones: primero en 2022 y en dos fechas de 2024, sin que pudiera cumplirse la previsión. Tras un aplazamiento a “comezos de 2025”, finalmente Política Social concretó el primero de abril como momento de puesta en marcha.

En el transcurso de las obras, que se vieron interrumpidas primero por la pandemia y luego por el alza de precios consecuencia de la guerra de Ucrania, fueron constantes las protestas de los padres, que no dejaron de insistir en la necesidad de una gestión 100% pública, convocando varias manifestaciones al respecto.