El número de casas okupadas alcanzó en 2024 una cifra récord

La okupación de vivienda rompió su techo histórico en la provincia en el 2024. El pasado año se produjeron un total de 22 usurpaciones de inmuebles según los datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

Lo que en 2013 era un problema residual -solo hubo una okupación ilegal de vivienda- va camino de cronificarse con un crecimiento exponencial en la última década. En el 2023 ya se registraron 16 usurpaciones de vivienda, solo una menos que en el 2021, cuando las 17 okupaciones marcaron un máximo que se batió el pasado año.

En esta estadística que ofrece el departamento que dirige Grande-Marlaska se incluyen tanto los allanamientos como las usurpaciones de vivienda. El primero es el ingreso o permanencia en una morada habitada sin la pertinente autorización del propietario, lo cual conlleva una pena de prisión de entre seis meses y dos años, aunque si existe violencia o intimidación, la condena puede llegar hasta los cuatro años de cárcel. En el caso de la usurpación, se produce en un inmueble que está deshabitado, por lo que no es considerado morada para la Justicia y se resuelve con una multa económica.

El Tribunal Supremo considera como morada tanto la vivienda habitual como la segunda residencia, por lo que, en el caso de que sean ocupadas, la Policía puede acceder al domicilio y desalojarlo entre las primeras 24 y 48 horas. Pasado este tiempo, será necesaria la consecución de una orden judicial para poder echar a los okupas, por lo que el proceso se suele dilatar meses. En Galicia, la duración media de un procedimiento judicial de este tipo ronda los 17 meses de duración.

Zonas vulnerables

En su último informe referente a la okupación, la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) señalaba los “puntos calientes” de la okupación en la ciudad. Según sus datos, las zonas más afectadas son las que comprenden la calle Celso Emilio Ferreiro, la zona de As Burgas, varias calles del casco antiguo, la zona de O Vinteún, la avenida de Portugal, la avenida de Zamora, el área de Mariñamansa y el barrio de O Couto.

Desde Fegein subrayan que muchas de las okupaciones ya ni siquiera se denuncian “ante la inseguridad jurídica y la tardanza judicial para solucionar el problema”.

Posible cambio de legislación

En el horizonte se atisba un posible cambio en la normativa para poner fin al auge de la okupación a nivel nacional. Esta misma semana el Congreso de los Diputados aceptaba a trámite la propuesta de Junts que, en caso de aprobarse, permitiría a los jueces ordenar el desahucio a los ocupantes ilegales de una vivienda en 48 horas, equiparando de esta forma el delito de usurpación (cuando la okupación se produce en un inmueble vacío) con el allanamiento de morada, cuando se trata de la vivienda habitual.

Este plazo, muy rápido para los tiempos que contempla el actual contexto legal, no se podría ver interrumpido por ninguna situación de vulnerabilidad. Y es que, cabe recordar, que la ley impide a día de hoy el desahucio de toda persona vulnerable que no cuente con alternativa habitacional.