El TSXG obliga al Sergas a costear una operación en la sanidad privada de Ourense

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenó al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a pagar 16.976,64 euros a la hija de una paciente ya fallecida. La mujer tuvo que costearse una intervención en la sanidad privada para revertir las secuelas de un percance médico ocurrido previamente en el Hospital Comarcal de Verín. La paciente, en octubre de 2020, sufrió una perforación accidental del colon mientras le realizaban una colonoscopia.

A raíz de esta incidencia tuvo que ser trasladada y operada de urgencia en el CHUO y se le colocó una bolsa de colostomía. Esta situación clínica afectó de forma muy relevante a su vida diaria, su dignidad y su autodeterminación. Con la esperanza de recuperar su calidad de vida, la paciente solicitó en el hospital verinense información para someterse a una reconstrucción del tránsito intestinal y así poder retirar la bolsa. Sin embargo, el cirujano del sistema público desaconsejó la intervención por considerarla de alto riesgo debido a sus antecedentes médicos, y el Sergas emitió un informe desfavorable.

Ante esta barrera institucional, decidió acudir por su cuenta a clínica privada (centro médico Cosaga) en diciembre de ese mismo año, donde la operación se llevó a cabo con un resultado completamente satisfactorio y sin requerir intervenciones adicionales. Tras el fallecimiento de la mujer, su hija reclamó por vía legal el reintegro de los gastos médicos. El Sergas se opuso y recurrió la condena inicial dictada por el Juzgado Social 2 de Ourense, argumentando que no existía una urgencia vital que justificara saltarse el sistema público y que la paciente había asistido a la clínica privada por iniciativa propia.

No obstante, los magistrados de la Sala de lo Social del TSXG han desestimado los argumentos de la administración sanitaria. El tribunal razona que, si bien la mujer no se enfrentaba a un riesgo inminente de muerte, sí padecía una auténtica afectación vital que mermaba todas las facetas de su vida personal y familiar. Los jueces subrayan, además, que esta pérdida de calidad de vida atentaba contra su integridad y derivaba de un accidente provocado por los propios servicios médicos públicos. La resolución concluye reprochando que, frente al criterio excesivamente prudente del Sergas, otros especialistas privados demostraron que la operación no solo era viable, sino que resolvió el problema satisfactoriamente, por lo que la administración debe hacerse cargo de la factura.