La vivienda clausurada de Amoeiro se enfrenta a sanciones de hasta 60.000 euros por cada infracción

La consellería de Política Social ha dado comienzo a una investigación sobre los protocolos de actuación en la vivienda comuntaria Jardín, en Amoeiro, para determinar el grado de las presuntas infracciones que sus gestores hayan podido cometer ante las malas condiciones de salubridad y alimentación con las que mantenían a los seis usuarios de la vivienda, que han sido trasladados a otros centros.

As infraccións poden ser leves, graves ou moi graves, e a cada nivel correspóndelle unha sanción distinta, podendo chegar a moi grave ata os 60.000 euros

Según indicaba la conselleira, Fabiola García, “estase a preparar a incoación do expediente, onde se determinarán o número e gravidade de infraccións, e proporase unha sanción para cada unha delas”. Política Social nombrará un instructor en Ourense para tal cometido, y una vez concluidas sus pesquisas, se le dará al responsable de la vivienda un plazo de 15 días para que pueda presentar alegaciones.

Todo ello sin omitir las posibles medidas judiciales que los familiares de los residentes puedan tomar, o la investigación de posibles delitos derivados de la presencia de trabajadores en situación irregular.

En cuanto a las sanciones, García recordaba que “poden ser leves, graves ou moi graves, e a cada nivel correspóndelle unha sanción distinta, podendo chegar a moi grave ata os 60.000 euros”.

En los próximos días, comenzará esa recopilación de datos, que permitirán a la administración conocer la gravedad de las negligencias cometidas.

Tenían a gente sin papeles, porque ahí no quería entrar nadie a trabajar

Antecedentes

No es la primera vez que la manera de gestionar el cuidado de mayores por parte de los gestores acaba en cierre. Vecinos del pueblo consultados señalan que “eso era un desastre, porque hablábamos con los que trabajaban allí, y había gente que tenía que tener un régimen o que dolencias, y ahí no había ni régimenes, ni comida con sal, ni comida sin sal, ni nada de eso”.

La mala gestión era, al parecer conocida por el vecindario, pues según comenta una vecina “yo no sé dónde metía el dinero, pero la gente pagaba y ahí no había ninguno. Cargaban la caldera, pero luego no había comida, o no pagaban a los trabajadores”. Cuentan incluso que una de las empleadas tuvo que acudir con su pareja a presionar a los responsables para poder cobrar lo que se le debía.

Quizá debido a eso, en opinión de una vecina, “tenían a gente sin papeles, porque ahí no quería entrar nadie a trabajar. Primero, que no pagaban. Y segundo, que bueno, aunque tengas seis personas, tienes que tener una atención”.

“Me alegro de que se haya cerrado”, sentencia esta vecina al ser preguntada por el desalojo.