Hasta 10.000 alquileres de la provincia podrían beneficiarse del "decreto Maricarmen"

Un total de 10.016 alquileres de la provincia estarían en posición de aprovechar la extensión de dos años incluida en el llamado “decreto Maricarmen” del Gobierno. El dato procede directamente del Ministerio de Derechos Sociales, que contabiliza el conjunto de contratos de vivienda habitual con vencimiento programado entre 2026 y 2028. En el conjunto de Galicia, la medida alcanzará a 111.175 hogares (56.118 en A Coruña, 32.802 en Pontevedra, 12.239 en Lugo y 10.016 en Ourense).

La base de este cómputo oficial son los acuerdos de alquiler formalizados entre el mes de octubre de 2021 y diciembre de 2023 que, según lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), disfrutan de cinco años de vigencia mínima cuando el propietario es un particular y, por consiguiente, tienen programada su caducidad entre 2026 y el final de 2028, ventana temporal que cubre la nueva norma.

El dato ofrece la radiografía oficial de cuántos hogares ourensanos quedarían resguardados por esta iniciativa si el Congreso da luz verde al documento en la votación de mañana, una cifra de la que restarían únicamente aquellos contratos que los inquilinos hayan dado por finalizados antes de tiempo o los firmados con personas jurídicas cuya vigencia legal asciende a siete años.

De obligado cumplimiento

Esta ampliación contractual será “extraordinaria y obligatoria” para el arrendador bajo las premisas del decreto. Dicho de otro modo, bastará con que el inquilino pida la extensión para frenar el fin del contrato y esquivar una nueva negociación de las condiciones. Durante este tiempo, la actualización anual de la renta estará limitada a un máximo del 2%, una medida que se complementa con deducciones del 10% en el IRPF para inquilinos con rentas bajas y bonificaciones de hasta el 100% para propietarios que decidan bajar el precio.

Además, un segundo decreto establecerá que los contratos se renovarán de forma automática tras sus primeros cinco años de vigencia. Si el arrendador rechaza renovar sin una causa justa y acreditada, como necesitar el piso para uso propio o de un familiar, estará obligado a comunicar su decisión con seis meses de antelación e indemnizar al inquilino abonándole el equivalente a un año entero de alquiler.

Recargo del IBI para las 119.000 viviendas vacías

El decreto del Gobierno incide en dos frentes clave del mercado inmobiliario provincial. Por un lado, la norma faculta a los concellos para aplicar recargos de hasta el 150% en el IBI a las casas desocupadas, una medida enfocada en movilizar las casi 119.000 viviendas vacías de la provincia, que suponen el 44% de su parque residencial y sitúan a Ourense al frente del ranking nacional, con municipios como Verín, Allariz o Carballiño superando los 3.500 inmuebles deshabitados cada uno.

Por otro lado, la ley refuerza a la entidad estatal Casa 47 para absorber las propiedades que la Sareb conserva en la provincia, donde el denominado “banco malo” contabiliza actualmente 459 activos, entre los que destacan 412 solares y 24 obras en curso. Este patrimonio, complementado por 17 viviendas y locales, podrá reconvertirse en suelo y pisos para alquiler protegido.