Ourense, la provincia de los 3 millones de fincas

LIMPIEZA DE FINCAS

El minifundismo de Ourense se alza como uno de los mayores retos para la gestión contra los incendios, que suponen cada vez una mayor amenaza para las aldeas, con fuegos que empiezan a sus puertas y arrasan sus casas

El fuego acechando a la aldea de O Val, en Rubiá.
El fuego acechando a la aldea de O Val, en Rubiá. | XESÚS FARIÑAS

Ourense lleva siendo desde hace décadas una de las provincias más dañadas de España por los incendios, lo que coincide con su condición de ser la que más fincas privadas tiene de todo el país, con la complicada gestión que ello conlleva.

Este año en la provincia ardieron por el momento, al menos 92.121 hectáreas, según datos de Medio Rural, triplicando cualquier registro anterior, si observamos los datos de Copernicus estarían por encima de las 150.000. Desde el año 2007, en Galicia ardieron en torno a 400.000 hectáreas, 270.666 en Ourense, suponiendo más de dos tercios del total de la comunidad.

Esta problemática no se reduce a una única razón, lo que sería infravalorar su gravedad y omitir la multicausalidad que lleva a la provincia a esta situación. Un rural abandonado, montes sin cuidar, fincas con propietarios desconocidos, falta de concienciación social, abandono de las administraciones, veranos más secos y calurosos y la propia mano humana, son las principales causas de este problema tanto para expertos como para damnificados.

“Os incendios empezan cada vez máis cerca das aldeas”, manifiesta Manuel Rojo, presidente del Colegio Oficial de Enxeñeiros Agrícolas de Galicia.

Para él no es un problema meramente de los montes, sino del entorno rural, cada vez más rodeado de maleza, que llega hasta las casas. “A administración manda cartas, pero logo á hora da verdade non obriga a limpar, hai moitas fincas privadas, onde é complicado obrigar”, señala Rojo, que además señala una falta de limpieza en las pistas forestales y un incumplimiento de las franjas de seguridad en carreteras secundarias, “onde están as árbores pegadas”.

Los concellos de la provincia vienen detectando en los últimos años cada vez más fincas en estado de abandono con propietarios “fantasma”, en muchos casos herederos que ni saben que poseen las parcelas e incluso residen en el extranjero. En Ourense existen 3.534.000 de fincas, lo que corresponde a más de diez por habitante y que supone una cantidad mayor que en toda Andalucía y Extremadura juntas, un fenómeno difícil de controlar y todo un reto para el control rural ourensano.

La alcaldesa de San Cibrao, Marta Nóvoa, expresó que solamente en su concello mandaron alrededor de 4.000 requerimientos para que los vecinos desbrozasen sus terrenos y le vinieron de vuelta en torno a 1.000 por no poder localizar a los propietarios.

Las consecuencias de esto se pusieron en evidencia durante el incendio que tuvo lugar en Ponte Noalla el 12 de agosto. Después de que un tren prendiese fuego tras soltar chispas, como confirmaron testigos vecinales, el fuego se propagó hacia zonas residenciales, en gran medida por la falta de limpieza en solares, acompañado por el calor y la sequía.

Una de las casas más acechada por las llamas fue la de la vecina Aurea Camba, que tuvo que ser desalojada. Camba aseguró que la finca situada frente a su propiedad “levaba máis de dez anos sen limpar, e nos xa tiñamos medo de que viñera o lume e pasase esto”, y fue la principal causa de peligrosidad para su vivienda.

Según el Cuarto Inventario Forestal Nacional que elabora el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de las 727.300 hectáreas de la provincia, 575.264 son forestales, lo que significa que cerca del 80% del territorio provincial es monte, el porcentaje más alto, con diferencia, de toda Galicia.

El régimen de propiedad más habitual es el vecinal en mano común. Bajo este tipo de tenencia están 278.136 hectáreas en toda la provincia según los datos de Medio Rural, significando el 48,1% del terreno forestal y un llamativo 38% del total del territorio de la provincia. Ourense concentra además el 42% de este tipo de bosque de la comunidad.

Estos factores, de grandes dimensiones de monte privado y comunal, en contraste con el número de habitantes; la falta de animales, como ovejas y cabras, que “devoren” el monte, en comparación con cincuenta años atrás, cuando en las aldeas había varios rebaños; la falta de limpieza y el aumento del calor y la sequía se convierten en un cóctel ideal para los incendiarios.

Un helicóptero recoge agua en el río Sil, en A Rúa, durante el incendio que asoló Valdeorras.
Un helicóptero recoge agua en el río Sil, en A Rúa, durante el incendio que asoló Valdeorras. | XESÚS FARIÑAS

“Las situaciones generadas por el cambio climático ponen la alfombra para que luego un incendiario haga su trabajo, si nadie le pega fuego no arde”, manifesta José Antonio Sobrino, catedrático de física en la Universidad de Valencia originario de Ourense. Por su parte, el agente forestal, Xosé Santos, afirmó que “os incendios teñen que ter nome e apelidos”.

Consecuencias graves

Según Manuel Rojo, “o microclima e o ecosistema das zonas afectadas veranse afectadas, e ademais a propia terra sufrirá moita máis erosión. Van a empezar as chuvias, vai a haber escorrentías, onde vai haber arrastres de cinza, formaranse regos, a vexetación transformarase en matorral, moi baixa”. Señala que los árboles que se harán con el territorio serán principalmente mimosas y acacias, más propensas a arder, creando un círculo vicioso incendiario.

El suelo calcinado está gravemente afectado, según un estudio de severidad, a partir del proyecto EPyRIS, aplicado por José Antonio Sobrino, más de dos tercios de la superficie quemada tiene una tasa de severidad alta, lo que quiere decir que los árboles tienen un nivel de daño superior al 80%. Indica que “donde verdaderamente se percibe la afectación es en el suelo, en las zonas muy afectadas el suelo puede ser hasta pura ceniza y ahí no hay nada que hacer, solo recuperar con el tiempo”.

Según Sobrino, en este territorio gravemente afectado, el matorral se genera pronto, en un plazo de uno a tres años; en cambio, en pinares calcinados, si no hay repoblación ni regeneración, esas áreas pueden quedar décadas como monte bajo. Sin intervención, buena parte de las áreas de alta severidad en pinar no volverán a ser bosque en décadas, existiendo el riesgo de que se produzca una “matorralización permanente”.

Estos incendios virulentos han destrozado el suelo hasta el nivel de mineralizarlo por altas temperaturas y la penetración del fuego en el terreno incluso varios centímetros. Esto tiene un efecto que influye directamente en las cuencas hidrográficas.

El río Sil, afectado prácticamente desde su nacimiento, por el incendio del Bierzo, hasta su desembocadura, por el de Os Peares, pasando por los fuegos de Trevinca y Valdeorras, está en riesgo de sufrir cambios en su entorno.

A corto plazo, la contaminación de sus aguas, por el arrastre de las cenizas tras las tormentas. A largo plazo, corre serio peligro de sufrir cambios en su caudal, que se volvería mucho más irregular. La falta de retención del suelo provocará que “cando chova moito vai filtrarse moita auga e cando non, quedará en nada”, según Santos. Esto provocará grandes subidas de agua en invierno, más de lo común, y sequías jamás antes vistas en verano, como ya ha sucedido con el río Limia.

La fauna, sin duda, se verá gravemente afectada por esta oleada incendiaria. Las poblaciones de osos del Macizo Central podrían verse desplazadas ante la falta de alimento, al igual que los jabalíes, que se verán relegados de sus hábitats, lo que supondrá un grave riesgo en las carreteras, según el secretario de la unión de tecores y cazadores Unitega, Antonio Mota. “Habrá más peligro de accidentes y un aumento de daños en la agricultura, con el abandono del cultivo como consecuencia”.

A nivel cinegético, Mota señala que la principal afectada será “la caza menor, la mayor tiene más capacidad de adaptación”. En las zonas afectadas, si se aplica la ley de prevención de incendios estrictamente, durante tres años y medio estará prohibida la caza. El próximo 6 de septiembre, tendrá lugar en Riós una reunión entre los tecores damnificados para analizar posibles soluciones en el sector.

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