Solo uno de cada siete dueños de fincas en Ourense atiende la advertencia de limpiarlas

A medida que la temporada de alto riesgo de incendios se acerca, el monte ourensano se convierte en un escenario de trabajo sin pausa para las brigadas forestales, las empresas de desbroce y la administración pública. Están ante el acecho de la fecha límite del 31 de mayo para tener las franjas de 50 metros alrededor de las aldeas limpias, con la dificultad burocrática y de gestión práctica que supone el rural ourensano, en la provincia con más parcelas privadas de toda España, con más de 3,6 millones.

El trabajo de la empresa pública Seaga es clave para agilizar los procedimientos de limpieza, afinando su maquinaria operativa para combatir no solo la maleza, sino operar ante las particularidades de los diferentes concellos y actuar a partir de la inacción de algunos vecinos y sobre “fincas fantasma”, con propietarios desconocidos.

Su estrategia sobre el terreno se articula en cuatro frentes bien diferenciados: los contratos en parroquias priorizadas, las ejecuciones subsidiarias, el desbroce de los márgenes de carreteras municipales secundarias y la limpieza circular completa alrededor de aldeas, la gran novedad de esta campaña. Ante la dificultad que presenta la acción real de los propietarios, la intervención forzosa gana cada vez más peso a la hora de proteger las aldeas.

Una de cada cuatro actuaciones de Seaga ya son ejecuciones subsidiarias, realizándose en torno a cinco diarias en la provincia. Entre el 2021 y el 2025 se gestionaron en torno a 3.700 actuaciones de este tipo en Ourense, suponiendo el 56,8% de toda Galicia.

Ineficacia del aviso previo

El trámite burocrático clásico se estrella constantemente contra la realidad del mundo rural. El envío de cartas a los titulares para instarles al mantenimiento de sus parcelas apenas logra su objetivo de prevención. Los datos que manejan los equipos sobre el terreno revelan que solamente en torno al 15% de los vecinos que reciben el requerimiento oficial en Ourense procede a adecentar su propiedad en el corto plazo, lo que conlleva a la proliferación de ejecuciones subsidiarias

Cabe resaltar que no todo el mundo recibe la carta, solo se les manda notificación a los propietarios de aquellas fincas sin desbrozar, detectadas en una inspección con Seaga. Ante esta situación, el Concello correspondiente manda una carta a la referencia catastral detectada, a partir de la información que le proporciona Seaga. “Primeiro inspeccionase, xérase unha táboa de resultados, envíanse as notificacións -unhas recíbense e unha gran porcentaxe non- e unha vez que se fai a segunda inspección determínase quen e cumpre e quen non”, explicó Pablo Penín, responsable provincial de Seaga en Ourense.

Penín recalcó que la competencia legal y el deber formal de tramitar estos avisos y las publicaciones en el BOE o el DOG recae siempre en la administración local, limitándose Seaga a facilitar el músculo técnico y los datos de campo, además de realizar las inspecciones.

Como manifestó el responsable provincial durante una visita a la ejecución subsidiaria de una finca de 1,4 hectáreas en la zona de Castelo Ramiro, la respuesta ciudadana es residual en un primer momento, lo que retrasa los tiempos de protección efectiva. “Temos unha porcentaxe de arredor dun 15% ou 20% que, unha vez recibidas as cartas, actúa sobre as parcelas”, aseguró, detallando que este tipo de actuaciones que se están llevando a cabo corresponden principalmente a ejecuciones que se tendrían que haber realizado el año pasado: “Practicamente todo é de traballos de que se estaban executando en xullo, agosto ou setembro, e houbo uns paróns enormes debido a ser tempada de incendios”.

Principalmente para esta campaña, las revisiones sobre el terreno para detectar incumplimientos comienzan a partir de junio, después de que expire el plazo legal para la limpieza voluntaria. Pero hay excepciones que permiten actuar ya en detecciones de este año, para ello es clave que los propios concellos lleven la iniciativa y detecten casos sobre los que actuar o que los propios vecinos denuncien. Un ejemplo claro de este modus operandi es el despliegue realizado recientemente por los operarios en la zona de Castelo Ramiro, donde se actuó después de denuncias de vecinos por la falta de limpieza de la parcela.

75% por contrato

Ante esta falta de iniciativa privada, la actividad pública se divide en dos grandes bloques cuando se trata de actuar sobre parcelas particulares. La inmensa mayoría del esfuerzo, casi un 75% de las actuaciones, se vehiculiza a través de los contratos firmados con particulares para el acondicionamiento de las parroquias priorizadas.

La cuantía en este caso es de 420 euros por hectárea, aunque en la mayoría de los casos no se llega a tal dimensión, frente a un coste que puede superar los 1.500 euros por hectárea en el caso de limpiezas manuales por parte de empresas particulares de desbroce, teniendo solo en cuenta la propia ejecución, por lo que se trata de una opción jugosa para los propietarios.

El 25% restante corresponde ya a las denominadas ejecuciones subsidiarias, que se realizan principalmente sobre los casos de desatención a las notificaciones.

Se trata de intervenciones donde la Administración asume directamente el control de la maleza tras constatar el incumplimiento del dueño, después de constatar su inacción en el caso de tenerlo identificado, o después de publicar un anuncio en el DOG o BOE cuando no se encuentra quién es el propietario. Estas actuaciones culminan con el posterior traslado de la factura de los trabajos de limpieza al infractor.