Juzgarán a un camionero por un accidente con dos víctimas en San Cibrao das Viñas

El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense será escenario a finales de este mes de uno de los juicios por seguridad vial más trágicos de los últimos años. En el banquillo se sentará José Ramón F.M., un transportista de 65 años sin antecedentes, acusado de la colisión múltiple ocurrida el 9 de febrero de 2023 en el kilómetro 228,300 de la carretera OU-525, a su paso por San Cibrán de Viñas. El siniestro costó la vida a Manuel G.S., de 58 años, y dejó al agente de la Guardia Civil Carlos M.V., de 44, en un estado de tetraplejía con una discapacidad del 96%.

Las posturas de las partes, que se dirimirán en la vista oral, son totalmente opuestas. La defensa del conductor y su aseguradora, AXA, solicita la libre absolución al sostener que “no existió ninguna imprudencia penalmente reprochable”. En el extremo opuesto, la acusación particular que representa al agente interesa la pena máxima de 3 años de prisión y 4 de retirada de carné, calificando la conducción de “temeraria” y con un “total desprecio” por las normas durante al menos 500 metros.

En una posición intermedia, pero igualmente dura, se sitúa la Fiscalía. El Ministerio Público solicita una condena de dos años y un día de prisión y tres años sin carné. Esta petición, que supera en un solo día el umbral de la suspensión de la pena, busca en la práctica el ingreso efectivo en prisión del acusado, al considerar los hechos un delito de homicidio por imprudencia y dos de lesiones por imprudencia grave.

La tragedia: 33 segundos de aceleración y 85 km/h

Los hechos que se juzgarán ocurrieron a mediodía del 9 de febrero de 2023 a las 12,21 horas. Según las acusaciones, el camión Volvo que conducía el acusado, cargado de áridos, invadió completamente el carril contrario en un tramo curvo. Colisionó primero fronto-lateralmente contra el Citroën C4 de la Guardia Civil en el que viajaban los agentes Carlos M.V. (conductor) y Leopoldo M.C, (copiloto), y acto seguido, sin detenerse, impactó frontalmente contra la furgoneta Peugeot Partner de Manuel G. S., que circulaba detrás del coche patrulla. El conductor de la furgoneta falleció en el acto, mientras que el agente sufrió lesiones irreversibles que lo han dejado dependiente para todas las actividades de la vida diaria.

El juicio no se centrará en si el camión invadió el carril, sino en el porqué. La acusación particular, basada en informes periciales y en el tacógrafo del vehículo, sostiene una tesis de negligencia activa. Según su escrito, el camión circulaba a 85 km/h (en un tramo limitado a 80 km/h para ese vehículo), con un exceso de peso de 560 kg (40.560 kg en total) y, crucialmente, el tacógrafo registró una “aceleración continua durante 33 segundos” justo antes de la curva, pasando de 41 a 85 km/h. Para esta parte, una “maniobra desesperada” de frenado y volantazo ante la inevitable salida de vía provocó la invasión del carril. Esta acusación también ha aportado un informe pericial de la Universidad de Oviedo que “descarta rotundamente” la posibilidad de un reventón previo.

La Fiscalía, por su parte, centra su acusación en una “velocidad inadecuada” y la “falta de atención debida” a la conducción. La defensa, en cambio, niega de plano los hechos, afirmando que “no consta acreditado” que el siniestro se produjera como señalan las acusaciones y negando tanto el exceso de velocidad como la falta de atención.

La batalla civil: 3,4 millones en juego

Paralelamente a la causa penal, se dirimirá una responsabilidad civil millonaria. La familia del fallecido, Manuel G.S., ya ha sido indemnizada por la aseguradora AXA y no forma parte del procedimiento.

Toda la reclamación civil se centra en el agente. La Fiscalía ha calculado una indemnización para él de 3,42 millones de euros para cubrir las secuelas, el daño moral y, sobre todo, el coste de la dependencia de por vida, que incluye casi 2 millones de euros solo para la “ayuda de tercera persona”.

La aseguradora AXA, que ya ha consignado 800.000 euros a cuenta del lesionado, califica la reclamación total de “excesiva”. Por ello, se espera una intensa batalla de peritos médicos y actuarios para fijar la cifra final de una tragedia que se decidirá en el banquillo del Penal 2.