La Iglesia registra 1.131 denuncias de pederastia en cinco años, 93 nuevas el año pasado

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha reconocido que entre 2020 y 2025 ha recibido un total de 1.131 denuncias por abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, en las que se señala a cerca de un millar de presuntos agresores, en su mayoría clérigos. Los datos proceden de las 262 oficinas de protección de menores creadas por diócesis y congregaciones en todo el país.

El portavoz de la CEE, César García Magán, ha sido el encargado de hacer públicas estas cifras durante la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria celebrada esta semana por los obispos. Según ha explicado, las denuncias recogen testimonios de víctimas de abusos ocurridos en el ámbito eclesial durante las últimas décadas.

Un decreto general, no específico para abusos

Durante la misma comparecencia, García Magán ha aclarado que el decreto aprobado por la CEE no está centrado exclusivamente en los delitos de abusos sexuales, pese a que el presidente del organismo, Luis Argüello, había anunciado días antes una normativa en esa línea.

“El decreto no es específico para abusos; ha habido un error de comunicación o de comprensión”, ha señalado el portavoz. En realidad, se trata de una norma de carácter general que contempla sanciones para distintos delitos dentro del ámbito eclesial. Entre las medidas destaca la recuperación de multas económicas o la obligación de realizar aportaciones destinadas a fines de la Iglesia.

Estas sanciones no se limitarán únicamente a clérigos, sino que también podrán aplicarse a fieles laicos que incurran en conductas delictivas dentro de la institución.

Posición sobre inmigración y ayudas sociales

En otro orden de asuntos, García Magán se ha referido al debate político sobre inmigración y al concepto de “prioridad nacional”. El portavoz ha rechazado este enfoque, calificándolo de “eslogan” y subrayando que la Iglesia no respalda planteamientos que impliquen exclusión.

Asimismo, ha criticado la posible reducción de ayudas a Cáritas planteada por algunas administraciones regionales. A su juicio, estas decisiones responden más a “ideología y polarización” que a un análisis objetivo de la realidad social.

Un contexto de creciente presión

La publicación de estas cifras se produce en un contexto de creciente presión social e institucional sobre la Iglesia para esclarecer los casos de abusos y reforzar los mecanismos de prevención y reparación. Aunque la CEE ha impulsado la creación de oficinas de atención a víctimas, persisten críticas por la falta de medidas específicas frente a la pederastia en el ámbito eclesial.

Con este nuevo decreto, la Iglesia busca reforzar su marco disciplinario, aunque queda por ver si las medidas adoptadas responden a las demandas de transparencia y justicia exigidas por las víctimas y la sociedad.