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El tribunal considera que, sobre el delito de aborto por el que estaban acusados, la totalidad de las intervenciones voluntarias de embarazo se llevaron a cabo con el consentimiento y petición expresa de las embarazadas o su representante legal. La Audiencia cree que no ha quedado probado que el grupo de empresarios médicos se constituyese para cometer delitos ni tuviese esta finalidad, por lo que quedan absueltos también del delito de asociación ilícita y de falsedad documental.
Sobre los delitos de aborto, la Audiencia 'tampoco quiere pecar de ingenuidad', y confirma un cierto descontrol administrativo en las clínicas a la hora de justificar los embarazos que, según la sentencia, invita a las sospechas de que se habrían hecho con menor rigor del deseable.
La Audiencia confirma que la clínica falsificó al menos 83 firmas de varios de los médicos en los informes clínicos y hojas de anestesia, pero 'no son suficientes' para considerarlo delito, más allá de lmultas administrativas.
La investigación de las clínicas de Morín partieron de una reportaje con cámara oculta de una televisión danesa, que utilizó a una periodista embarazada que simuló querer someterse a un aborto, y que el juez rechazó como prueba.
La Fiscalía pedía 273 años de cárcel para Morín, una pena superior a la de la acusación particular y acusaba a Morín de 89 delitos de aborto, asociación ilícita y un delito continuado de falsedad documental; también mantenía la acusación a los ginecológos y anestesistas colaboradores de Morín, a diferencia de la acusación particular.
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