Tensión en dos pizarreras de Carballeda por una orden de desahucio

La paz social de Valdeorras fue alterada este martes por el cierre de un almacén y las oficinas de la empresa pizarrera Samaca, en base a una sentencia judicial, quedando abiertas las 14 restantes, según indicaron en Samaca e Irosa. En medio de un importante despliegue de la Guardia Civil sus cerraduras fueron cambiadas. “Después de tres horas trabajando llegó la Guardia Civil con una secretaria diciendo que se procedía al alzamiento y cierre de naves y oficinas de de las empresas del sector pizarrero. Nos negamos a salir porque presuntamente los terrenos fueron expropiados y pertenecen a Irosa” dijeron fuentes de la CIG en el comité de empresa.

Ya de tarde, la plantilla se concentró ante el Concello de O Barco, cortando el tráfico en la villa y deteniéndose ante la sede barquense de los Juzgados y el despacho del abogado de la Comunidad de Montes de Portela y Trigal, amenazando con cortar hoy el tráfico de la OU-122 para evitar la pérdida de 300 empleos directos y 250 indirectos.

La intervención de la Guardia Civil obedece a una sentencia dictada tras vencer el contrato de arrendamiento de terrenos firmado por las empresas y la Comunidad de Montes de Portela y Trigal y no llegar a un acuerdo para su renovación, pero también después de que en febrero fuesen firmadas las actas de ocupación y pago de los citados terrenos. Fue meses después de que el Consello de la Xunta aprobase -en mayo de 2022- la necesidad de ocupación.

“Tenemos seis hectáreas de propiedad inscritas en el Registro de la Propiedad y expropiamos 14, con lo cual, habríamos expropiado la totalidad de los terrenos”, comentó el presidente de las empresas, Rogelio López. “Con la expropiación forzosa pasamos a ser dueños de los terrenos”, añadió. Aclaró que también hay terrenos particulares que no son objeto de arrendamiento.

Este diario intentó contactar con el representante legal de la Comunidad de Montes sin conseguirlo. Sí habló con la alcaldesa de Carballeda, María del Carmen González, y el alcalde en funciones de O Barco, Aurentino Alonso. “Esta xente non pode quedar na rúa. Os terreos están expropiados e pagados pola empresa. Ten que haber un erro”, dijo la regidora. “Vai supoñer un golpe moi grande para a comarca. Debe axilizarse a solución”, apuntó el edil barquense. Los alcaldes de Valdeorras también mostraron su “apoio ao sector da lousa e aos traballadores afectados”, estimando que “ningún erro burocrático, humano ou técnico pode ser escusa para poñer en periogo o futuro da comarca” y anunciando “posibles accións de mobilización social”. También mostraron su apoyo el Clúster de la Pizarra, la Asociación Empresarial de Valdeorras y el Centro Comercial Aberto de O Barco.