Fiscalía abre diligencias por el cierre de la vivienda comunitaria en Xinzo

La Fiscalía de Ourense va a incoar diligencias preprocesales civiles y a recabar los informes de inspección en relación con el caso de la vivienda comunitaria San Gabriel, situada en Xinzo de Limia, tras el cierre del centro este martes. De esa manera, se valorará la situación en la que estaba el centro y, en función del resultado, se determinará si la responsabilidad es penal o administrativa. En el mismo proceso se encuentra la vivienda comunitaria Jardín, en Amoeiro tras su cierre fulminante hace dos semanas.

La situación ha cogido al municipio por sorpresa. Desde el Concello indican que no tenían ningún tipo de conocimiento de malas praxis por parte de la residencia. El alcalde del municipio, Amador Díaz, explica que “o centro levaba aberto moitos anos” y nunca había llegado a sus oídos ninguna irregularidad. De igual manera, fuentes del entorno familiar de los residentes trasladados indican que no habían recibido ninguna queja ni notaron comportamientos extraños dentro del centro, al igual que vecinos de la zona.

La Consellería de Política Social sostiene que la Xunta cerró el martes esta vivienda comunitaria tras detectar “graves deficiencias” en una inspección rutinaria, como un exceso en el número de plazas. En concreto, este centro tenía capacidad autorizada para diez personas y en él había quince usuarios. Además, en la casa, que es de titularidad privada, solo podían residir personas autónomas, y se detectó que algunos de los usuarios tenían un grado de dependencia mayor. También se detectaron deficiencias sociosanitarias y en la alimentación. Los usuarios se han trasladado a centros de la red pública de residencias.

Parlamento

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, defendió ayer la gestión por parte de la administración gallega en el cierre de las viviendas comunitarias, tras ser cuestionado ayer sobre el tema en el pleno del Parlamento de Galicia por el BNG. Subrayó el “rigor” del sistema de inspecciones. En el caso de Amoeiro, desveló que se realizaron varios requerimientos antes de ordenar el cierre. “Actuamos con contundencia cando foi necesario”, explicó.

La líder nacionalista, Ana Pontón, exigió el cese inmediato de la conselleira de Política Social, Fabiola García, tras el cierre de estos centros. Denunció “as condicións deplorables” en las que se encontraban las personas mayores en la residencia Jardín, donde, como avanzó La Región, los residentes estaban en condiciones muy malas: sin bañarse, un año sin cortarse el pelo, “coas unllas sucias, torcidas e rotas”, y cuya alimentación podía reducirse a “leite con patacas”.

Por su parte, la conselleira defendió su actuación. “Hoxe piden o meu cese por facer o meu traballo. Que vergonza”, afirmó. Además, acusó al BNG de estar más pendiente de su “brazo sindical, a CIG”, que de las personas mayores. Además, reivindicó el modelo residencial gallego, que aseguró, ha triplicado las plazas públicas desde 2009. También recordó que están previstas 1.800 plazas más a través de nuevas residencias y colaboraciones público-privadas.