Numerosas muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas se producen después de que el agresor se salte la orden de alejamiento impuesta por la justicia. Por este motivo el Consejo de Ministros aprobó hoy, a propuesta de los Ministerios de Igualdad, Justicia e Interior, la implantación de dispositivos electrónicos de detección de proximidad de estos agresores estén o no condenados por ello.
Sin embargo no es la única decisión tomada hoy por el Gobierno sobre la violencia de género, ya que también se han dado luz verde a ayudas para que las mujeres víctimas de esta lacra se inserten en la vida laboral. En este sentido, el Ejecutivo incentivará a las empresas que contraten a estas mujeres.
Siguiendo la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que establece la posibilidad de utilizar instrumentos con tecnología para verificar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento de los maltratadores, el Ejecutivo aprobó hoy la implantación de pulseras con tecnología GPS a los hombres denunciados por maltrato y a los que el juez, con sentencia o de manera preventiva, haya decretado una orden de alejamiento de sus víctimas. De este modo, se pretende garantizar el control, seguimiento y plena efectividad de las medidas de alejamiento dictadas, así como mejorar sustancialmente la protección de las víctimas y la prevención de las agresiones por violencia de género
Esta implantación comenzará en 2009 y tendrá un presupuesto de cinco millones de euros dirigido a la administración de Justicia, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, María teresa fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que reconoció que esta nueva medida intentará hacer más fácil la batalla contra este problema que 'está siendo difícil'. En este sentido, añadió que, 'consciente de ello', el Ejecutivo 'va a redoblar su compromiso, fundamentándose en la prevención, concienciación, cooperación y mejora de protección de las mujeres'. 'Es un compromiso que tiene que llevarnos a su erradicación', ha subrayado De la Vega.
Y para conseguir este objetivo de mejora, el Ejecutivo ha puesto en marcha también un programa específico de reinserción sociolaboral, a propuesta de los ministros de Trabajo e Igualdad, por el cual se contempla la atención específica e individualizada a las víctima de violencia machista desempleadas y el acceso a un programa formativo específico; además, se ofrecerán a las víctimas de maltrato (que el Gobierno calcula en 8.000 mujeres) unos incentivos para favorecer el inicio de una actividad por cuenta propia. Esta iniciativa contará con una partida de unos 11 millones de euros. Pero además, el Consejo ha decidido establecer incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género. Entre ellas está la modificación de la cuantía de la bonificación por la contratación indefinida a tiempo completo de estas mujeres, que queda establecida en la de 125 euros al mes (1.500 euros al año) durante cuatro años desde la contratación.
Más avances
A pesar de estas nuevas decisiones del Gobierno, la presidenta de la asociación Mujeres en Igualdad, Mercedes de la Merced, reclamó hoy 'más medios materiales y humanos' para proteger a las mujeres víctimas de malos tratos y que se pongan en marcha todas las medidas anunciadas para desarrollar en su totalidad la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que entró en vigor hace cuatro años. De este modo, De la Merced se congratuló de los avances que se han ido produciendo pero aún así los consideró 'insuficientes' y criticó que el plan de inserción laboral para mujeres maltratadas previsto por el Gobierno 'llega tarde y en plena crisis económica'.
En relación a este tema, CC.OO ha decidido organizar varias movilizaciones que recorrerán el próximo martes las ciudades de España, 'como manifiesto público de la repulsa general de la sociedad ante cada nuevo caso de violencia de género', según informó hoy el sindicato. A través de esta iniciativa, CC.OO 'pretende impulsar el desarrollo de políticas de igualdad' que favorezcan cambios en los valores y actitudes sociales, contribuyendo a la sensibilización del conjunto de la población española y evitando que se generen nuevos episodios en los que se atente contra la integridad de la mujer.
Siguiendo la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que establece la posibilidad de utilizar instrumentos con tecnología para verificar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento de los maltratadores, el Ejecutivo aprobó hoy la implantación de pulseras con tecnología GPS a los hombres denunciados por maltrato y a los que el juez, con sentencia o de manera preventiva, haya decretado una orden de alejamiento de sus víctimas. De este modo, se pretende garantizar el control, seguimiento y plena efectividad de las medidas de alejamiento dictadas, así como mejorar sustancialmente la protección de las víctimas y la prevención de las agresiones por violencia de género
Esta implantación comenzará en 2009 y tendrá un presupuesto de cinco millones de euros dirigido a la administración de Justicia, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, María teresa fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que reconoció que esta nueva medida intentará hacer más fácil la batalla contra este problema que 'está siendo difícil'. En este sentido, añadió que, 'consciente de ello', el Ejecutivo 'va a redoblar su compromiso, fundamentándose en la prevención, concienciación, cooperación y mejora de protección de las mujeres'. 'Es un compromiso que tiene que llevarnos a su erradicación', ha subrayado De la Vega.
Y para conseguir este objetivo de mejora, el Ejecutivo ha puesto en marcha también un programa específico de reinserción sociolaboral, a propuesta de los ministros de Trabajo e Igualdad, por el cual se contempla la atención específica e individualizada a las víctima de violencia machista desempleadas y el acceso a un programa formativo específico; además, se ofrecerán a las víctimas de maltrato (que el Gobierno calcula en 8.000 mujeres) unos incentivos para favorecer el inicio de una actividad por cuenta propia. Esta iniciativa contará con una partida de unos 11 millones de euros. Pero además, el Consejo ha decidido establecer incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género. Entre ellas está la modificación de la cuantía de la bonificación por la contratación indefinida a tiempo completo de estas mujeres, que queda establecida en la de 125 euros al mes (1.500 euros al año) durante cuatro años desde la contratación.
Más avances
A pesar de estas nuevas decisiones del Gobierno, la presidenta de la asociación Mujeres en Igualdad, Mercedes de la Merced, reclamó hoy 'más medios materiales y humanos' para proteger a las mujeres víctimas de malos tratos y que se pongan en marcha todas las medidas anunciadas para desarrollar en su totalidad la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que entró en vigor hace cuatro años. De este modo, De la Merced se congratuló de los avances que se han ido produciendo pero aún así los consideró 'insuficientes' y criticó que el plan de inserción laboral para mujeres maltratadas previsto por el Gobierno 'llega tarde y en plena crisis económica'.
En relación a este tema, CC.OO ha decidido organizar varias movilizaciones que recorrerán el próximo martes las ciudades de España, 'como manifiesto público de la repulsa general de la sociedad ante cada nuevo caso de violencia de género', según informó hoy el sindicato. A través de esta iniciativa, CC.OO 'pretende impulsar el desarrollo de políticas de igualdad' que favorezcan cambios en los valores y actitudes sociales, contribuyendo a la sensibilización del conjunto de la población española y evitando que se generen nuevos episodios en los que se atente contra la integridad de la mujer.
