FORO LA REGIÓN

La contratación pública, en manos de una ley “ambigua e interpretable"

Los problemas de las administraciones pequeñas y un articulado que ha generado disputas legales lastran su aplicación 

Xosé Pastoriza, Fernando Blanco, Pedro Soto y Luis Míguez, ayer durante el Foro La Región.
Xosé Pastoriza, Fernando Blanco, Pedro Soto y Luis Míguez, ayer durante el Foro La Región.
La contratación pública, en manos de una ley “ambigua e interpretable"

Los diferentes criterios de interpretación y su caracter genérico, al no atender las especificidades de una administración nada homogénea, lastran la implantación de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, un texto que está provocando importantes quebraderos de cabeza a entidades públicas y empresas en los poco más de cuatro meses que lleva en vigor, tal y como explicaron ayer en una edición extraordinaria del Foro La Región diferentes expertos y afectados directamente por esta legislación.

Con la intención de "poner algo de luz" en la ley más importante que se aprobará en el actual ejercicio, como destacó el director de La Región, Xose Pastoriza, en la presentación de la jornada celebrada en el centro cultural Marcos Valcárcel, que incluyó las ponencias del abogado Pedro Soto y del catedrático de Derecho Administrativo de la USC Luis Miguez y una mesa redonda moderada por el exdecano de la Facultad de Derecho del Campus Roberto Bustillo que reunió a técnicos de la administración y al vicepresidente de la CEO, José Manuel Díaz.

El recorrido de la nueva ley de contratación pública, marcado por las exigencias de la Unión Europea a las que España se adaptó tarde por la inestabilidad en el Congreso, además de incorporar un contenido vago y ambiguo en artículos fundamentales, fueron aspectos destacados por los protagonistas del Foro La Región, que coincidieron en la importancia de facilitar lo máximo posible las cosas, ya que la contratación pública llega a suponer en España hasta el 20% del Producto Interior Bruto.

Pese a que la legislación incorpora cuestiones aparentemente positivas y beneficiosas, como una mayor transparencia y publicidad, criterios sociales o medioambientales o facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas, la realidad de la planta local en España, que se acentúa en provincias como la de Ourense, ha llevado a las pequeñas entidades locales a situarse en muchas ocasiones al borde del colapso.

"¿Qué razón justifica que las mismas normas se apliquen a Madrid o Andalucía, pero también a Paderne? No hay ninguna razón", puso como ejemplo a modo de colofón Roberto Bustillo, resumiendo la esencia de la jornada de debate.


Contratos menores


La tramitación de los contratos menores, que se han acotado en el nuevo marco legislativo para potenciar otras modalidades, también copó buena parte de las intervenciones, dado que los órganos consultivos no se ponen de acuerdo en cómo interpetrar la normativa, lo que ha generado que los ayuntamientos, en función de lo que consideren sus técnicos, apliquen la ley de manera diametralmente opuesta.

Esta circunstancia es especialmente sensible, según los expertos, para los pequeños proveedores locales, a los que les ha pillado con el pie cambiado la variación del escenario.

El sector empresarial no escondió su preocupación por esta situación y lamentó que "no se nos hubiese tenido en cuenta" a la hora de redactar y tramitar una ley envuelta en la polémica.