Lo barato sale caro

En anteriores entregas de esta columna, ya se ha hablado sobre inmigración, siempre desde la perspectiva del Derecho de extranjería, esto es, el conjunto de normas que la regula. Y también se ha avanzado que un factor decisivo para favorecer la inmigración regular respecto de la irregular es la imprescindible reforma del llamado “catálogo de ocupaciones de difícil cobertura”, cuya ampliación es una necesidad perentoria.

Lejos de seguir el camino de la cordura, el Gobierno nacional tira por el de en medio. Está por ver con qué éxito, pues la política migratoria sigue directrices impuestas por la U.E., ya que el acceso de cualquier persona a un Estado Miembro del llamado Espacio Schengen le permite circular libremente por todos los demás. Cabe, entonces, que países como Alemania, Francia o Italia (incluso Portugal) tengan algo que decir al respecto.

Lo más sorprendente es que los motivos humanitarios tras la pretendida regularización de medio millón de ilegales ya se recogen en nuestra ley: la residencia por arraigo social, supuesto extraordinario por el que se concede autorización de residencia con permiso de trabajo por un año a quienes cumplan ciertos requisitos: dos años de permanencia previa en España, contrato de trabajo, carencia de antecedentes e informe de inserción.

Todos estos requisitos, en realidad, parecen bastante razonables. El lapso de estancia ya se redujo de tres a dos años. Seguramente, hay amplísimo consenso popular en no conceder residencia a personas con antecedentes penales -al menos, no por delitos graves-. Y el hecho de que exista un informe de los servicios sociales (que, además, se puede sustituir por una prueba de arraigo familiar) tampoco parece una demanda exorbitante.

Quizás el problema esté en la exigencia de contrato de trabajo (salvo que se cuente con medios propios para garantizar la subsistencia). Aunque, a lo mejor, la cuestión no está en lo difícil que sea conseguir el contrato en sí; sino, más bien, en el hecho mismo de querer o no tenerlo. Hay quien opta por seguir en la economía sumergida. O simplemente -con tantas ayudas existentes y de todo tipo- por no trabajar. Eso es lo que no puede ser.

La inmigración se regula mediante normas, porque así se evita el indeseable efecto llamada que provoca toda regularización en masa al alentar, precisamente, la inmigración irregular, a través de las mafias que trafican con personas; y que supone, además, un notable agravio comparativo con quienes se esforzaron en cumplir con los requisitos legales (en general, con gran coste de dinero y esfuerzo) para venir a nuestro país.

Si las reglas actuales no sirven para resolver los problemas, entonces, lo que hay que hacer es mejorarlas, no saltárselas. Por supuesto que la inmigración en determinadas circunstancias es un drama que nadie pretende agravar y que se necesita mano de obra en muchos sectores de la economía. Por eso, lo que habría que cambiar es el sistema de contratación en origen, para que quienes vengan lo hagan ya con su contrato de trabajo y permiso de residencia.

En este asunto, concurre otra derivada que se ha destacado poco, pero que no es baladí: la residencia por arraigo social, en verdad, requiere llevar a cabo un procedimiento reglado y funcionarios que lo implementen; es decir, recursos del Estado. La regularización masiva por decreto no sólo es más rápida, sino que es mucho más barata. Y ya se sabe lo que dice el refrán: la mayoría de las veces, lo barato sale caro.