Un ex policía grabó su conversación con el alcalde para pedirle trabajo.
Una grabación incluida en el sumario de la operación Pokemon implica directamente al alcalde de Lugo, José López Orozco, en el reparto a dedo de empleos en empresas adjudicatarias de contratas públicas, y en tratos de favor para el acceso a empleos públicos. La grabación está realizada en el despacho de Orozco y aportada a la causa por su interlocutor y autor de la grabación, Camilo Bargueiras. Es la misma persona que, tal como informó el diario lucense "El Progreso" el pasado viernes, declaró en el juzgado que José Reigosa, el chófer del alcalde, le había facilitado por indicación de éste las preguntas que iban a caer en dos procesos selectivos.
En principio, parece dudoso que este documento sonoro pueda usarse como prueba en un juicio, porque está grabado sin las corres pondientes garantías legales, pero sí que es muy relevante en cuanto que prueba la discrecionalidad y falta de control con la que los res ponsables políticos utilizan los resortes del poder.
En la grabación, suena con total nitidez la que parece sin ninguna duda la voz de Orozco, además de la de Bargueiras, que se escucha con más problemas, y la de una tercera persona que asiste a la reunión, posiblemente el padre de éste, policía local ahora jubilado. Acuden a pedir trabajo al alcalde para Camilo Bargueiras, que ha bía sido primero policía local interino, puesto que perdió cuando un juzgado anuló la convocatoria de plazas y que luego trabajó en el parque móvil del Concello gracias, según testificó, a que Reigosa le facilitó el examen.
El Concello, a través de su servicio de prensa, aseguró ayer que "o alcalde nunca colocou a ningunha persoa nin no Concello nin en ningunha empresa pública ou privada". Además, recordó que durante otra reunión con Bergueiras, lo echó de su despacho "á vista da súa actitude manifestamente irregular".
Enchufes en santiago
Por orta parte, un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera incluido en el sumario y centrado únicamente en las conversaciones de la actual portavoz del PPdeG, Paula Prado, ratifica lo crítica que era la entonces edila del PP compostelano con la gestión del exregidor Gerardo Conde Roa, y también que los agentes sospechaban que la dirigente mediaba para "colocar" a "recomendados". Dicho documento desvela cómo los agentes interpretan de diferentes llamadas -principalmente entre Prado (que no está imputada en la 'Operación Pokemon') y el entonces jefe de gabinete del alcalde, Ángel Espadas- que ambos "intercambiaron el nombre de personas recomendadas para contratarlas".
Entre los datos conocidos ayer del sumario figura otro informe de Vigilancia Aduanera en el que observa que el que fue presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, disponía en mayo de 2012 de un total de 424.000 euros en efectivo, "probablemente procedentes del cobro de comisiones ilegales y sobornos", ya que sus ingresos "legales no justifican la tenencia de tal cantidad de efectivo".
