El Tribunal Constitucional alemán (TC) abrirá mañana el proceso de ilegalización del ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD), que se prevé complejo y que coincide con el auge de nuevas formaciones xenófobas alimentadas por la protesta contra la llegada de refugiados.
Es el segundo intento por ilegalizar esa formación, durante décadas el principal aglutinante de los neonazis alemanes y que en 2003 se apuntó una victoria moral, al rechazar el TC la demanda que habían interpuesto el Gobierno y las dos cámaras del Parlamento.
La nueva demanda, formalizada ahora únicamente por el Bundesrat o cámara de los "Länder", presenta al NPD como un residuo del partido nazi de Adolf Hitler, que tanto por su ideología como su militancia atentan contra los principios de un Estado democrático.
El Constitucional es el único órgano competente para ilegalizar un partido, algo que en la historia de la República Federal de Alemania (RFA) solo ocurrió en la postguerra con el Partido del Reich (heredero del partido nazi) y con el Partido Comunista Alemán.
"Sea cuál sea la sentencia del TC, no debe relajarse la lucha contra la ultraderecha. Incluso si se ilegaliza seguirá habiendo ultraderechismo en Alemania", admitió hoy el ministro de Justicia, Heiko Maas.
Hace un año y medio surgió el movimiento de los Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Pegida) con capacidad para movilizar a decenas de miles de seguidores en la ciudad donde nació, Dresde.
Con la crisis de los refugiados y la llegada a Alemania el año pasado de 1,1 millones de peticionarios de asilo, un partido que parecía agónico, Alternativa para Alemania (AfD), cobró vigor al mutar sus esencias euroescépticas a abierta xenofobia.
Las reiteradas llamadas de la canciller Angela Merkel a "no dejarse arrastrar" por las consignas de Pegida no hicieron mella en ese movimiento. La AfD es, según los sondeos, la tercera fuerza del país pese a los intentos por arrinconarla.
En este contexto tendrá lugar mañana la primera vista del proceso contra el NPD, un partido que, contrariamente a lo que ocurre con la nueva ultraderecha, no pasa precisamente por su mejor momento.
Tiene apenas 5.200 militantes -la mitad que una década atrás-, ha afrontado sucesivas sanciones y bloqueo de fondos públicos por irregularidades contables y su eco en las urnas es mínimo -un 1,3 % en las generales de 2013.
Nunca logró escaños en el Bundestag (cámara baja), pero sí en las regiones, consistorios locales y en el Parlamento Europeo (con un eurodiputado).
Una prohibición acabaría con la financiación pública, pero no con la ultraderecha, ya que en paralelo al NPD hay hasta 200 agrupaciones locales o camaraderías en el país. Su menguada militancia tiene ahora, en el AfD, un nuevo brazo político donde depositar su voto, con visos, además, de verlo convertido en escaños.
La demanda fue cursada en 2013 solo por el Bundesrat, mientras que ni el Bundestag ni el Gobierno se sumaron por el temor a un nuevo fracaso como el de 2003, cuando el TC rechazó la querella por estar fundamentada en testimonios de infiltrados y confidentes.
Esta vez, la solicitud de ilegalización se apuntala en el propio programa del NPD, que defiende una "Alemania para los alemanes" y lamenta una "extranjerización" por culpa de la inmigración.
Además recoge actividades xenófobas y antisemitas, sea en mítines o en actos semiclandestinos, y el historial delictivo de sus miembros, por negación del Holocausto -delito que en Alemania conlleva penas de cárcel-, agitación y actos violentos.
El pliego acusador lo presenta como exponente de la versión más agresiva de la xenofobia, extendida a todas las capas sociales.
Los "Länder" optaron por impulsar esta segunda iniciativa tras el escándalo en torno a Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), una célula integrada por tres neonazis, que durante una década asesinó a nueve inmigrantes y cuya existencia salió a relucir sólo por casualidad, en 2011, a raíz del suicidio de dos de sus miembros.
"El Gobierno respalda activamente la demanda de ilegalización", explicó el portavoz de Merkel, Steffen Seibert, a la pregunta de si ahora, ante la nueva efervescencia ultraderechista, no se arrepiente el Ejecutivo de no haberse unido al Bundesrat. |
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