Condenado por vender 15.500 botellas de vino como ribeiro sin serlo

Veintiún meses de cárcel para el exadministrador de Bodegas Barbantiño

 

La titular del Juzgado de lo Penal 1 condenó al socio y administrador de la ya extinta Bodegas Barbantiño S.L., Antonio Bóveda Osorio, a 21 meses de prisión por considerarlo autor de tres delitos consumados en concurso ideal entre sí: utilización ilegítima de denominación de origen, continuado de falsedad de certificados y otro, también continuado, de estafa. Algo que él mismo reconoció cuando fue llamado a declarar en calidad de imputado a la sala de vistas, el 6 de octubre de 2014. Aquel día, también se sentaron en el banquillo su hermano, David Bóveda; el primo de ambos, Felipe Bóveda; y la mujer de éste, María del Pilar Vieitez, quienes quedaron absueltos.

La magistrada se acogió al escrito de acusación del ministerio fiscal, modificado una vez practicadas las pruebas propuestas por las partes y admitidas por el Juzgado. Y es que,en el propio juicio, el ahora condenado exculpó a los otros tres, asegurando que no eran conocedores de los hechos que se les imputaban. Por su parte, la acusación particular, el Consello Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, solicitaba para cada uno de los acusados cinco años y tres meses de prisión.

Según los hechos probados de la sentencia, Antonio Bóveda adquirió durante el año 2009 e incluso con anterioridad, miles de litros de vino de procedencia ajena a la zona de O Ribeiro, utilizando para su distribución y venta contraetiquetas o precintos certificadores que imitaban las auténticas de la propia denominación de origen. Así las cosas, hacía pasar por auténtico el producto vendido a distribuidores de alimentación y, consecuentemente, a consumidores, "causando con ello el convencimiento a éstos de que el vino adquirido resultaba de una calidad y coste superior al que ostentaba en realidad". Froiz adquirió al menos 11.304 botellas y Gadisa otras 4.200.

El 20 de noviembre de ese año, en uno de los controles periódicos, los inspectores del consejo regulador detectaron una botella de la marca Real Bantiño, embotellada por la empresa que administraba el acusado, que presentaba irregularidades en el etiquetado. A raíz de ahí, se realizó un muestreo en 41 establecimientos, interviniendo 11.444 botellas. Las vendidas con anterioridad a particulares no fueron recuperadas.

Cinco días más tarde, otro control constató un exceso de 84.044 litros de vino blanco y tinto, "no resultando correspondiente a la Denominación de Origen Ribeiro ni vendible al amparo de la misma".

El análisis pericial de las contraetiquetas lo realizó el jefe del laboratorio de la Real Casa de la Moneda, determinando características diferentes a las establecidas en identificación de referencia, elaborada por el propio organismo.

La sentencia recoge también los efectos derivados de la venta de vino fraudulento: el valor de las etiquetas no vendidas, pérdida en inversiones de publicidad y reducción de venta por competencia desleal. El montante deberá ser abonado por el acusado en concepto de responsabilidad civil. 

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