La mina de San Juan, en A Gudiña, "ilegal" para activistas españoles y portugueses

PROTESTA EN LA ZONA

Ecoloxistas en Acción y el movimiento portugués UIVO ocuparon la mina de San Juan, en A Gudiña, para protestar contra la explotación promovida por Eurobattery Minerals.

Ocupación de la Mina de San Juan | Ecoloxistas en Acción

Una treintena de activistas de Ecoloxistas en Acción y del movimiento portugués UIVO ocuparon este jueves los terrenos de la proyectada mina de San Juan, en el municipio ourensano de A Gudiña, para denunciar la tramitación de una explotación minera que consideran "ilegal" y que, a su juicio, supondrá un grave impacto sobre un espacio de alto valor ambiental.

La protesta se produjo después de una concentración que reunió a más de un centenar de personas. Durante la acción, los participantes desplegaron una pancarta de 40 metros de longitud con el lema "Fin a la impunidad minera".

Denuncian el impacto ambiental y transfronterizo

Las organizaciones ecologistas sostienen que la mina, promovida por Eurobattery Minerals, se encuentra a apenas dos kilómetros de la frontera con Portugal, muy cerca del Parque Natural de Montesinho y de las cabeceras del río Rabaçal.

Según explican, este curso fluvial posee un elevado valor ecológico y resulta esencial para el abastecimiento de agua potable de numerosas localidades del municipio portugués de Vinhais.

Por ello, critican que ni la autorización inicial del proyecto ni la posterior prórroga de la concesión concedida por la Xunta fueron sometidas al procedimiento de evaluación de impactos transfronterizos previsto en la normativa europea y en el Convenio de Espoo.

Investigación judicial sobre la prórroga de la concesión

Ecoloxistas en Acción recuerda además que el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago abrió el pasado mes de enero diligencias para investigar un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la concesión de una prórroga de 30 años a la explotación minera.

La organización presentó la denuncia contra la Xunta de Galicia y el administrador de Eurobattery Minerals al considerar que dicha autorización se concedió pese a existir resoluciones judiciales firmes que, según sostienen, obligaban a someter cualquier ampliación de la concesión a una nueva evaluación de impacto ambiental.