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El Concello de A Pobra de Trives celebró su pleno ordinario este jueves, tras casi un año sin sesiones de este tipo, ya que la última tuvo lugar en abril de 2024. Sin embargo, la sesión se desarrolló sin poder votar el acta de dicha sesión anterior, ya que no fue llevada a votación.
Durante la sesión, se anunciaron oficialmente dos bajas en la corporación local: la ya conocida desde hace meses del portavoz popular Roberto González y la reciente de Aarón Álvarez, concejal socialista, quien además ocupaba el cargo de teniente de alcalde y era responsable de áreas de Economía e Facenda, Medio Ambiente y Medio Rural. Su dimisión pone de manifiesto problemas internos dentro del propio gobierno municipal.
Entre los puntos tratados, se aprobó por unanimidad el expediente de contratación para la ejecución del proyecto de mejora y rehabilitación del campo municipal O Agro. Esta actuación, que cuenta con una inversión total de 518.370,07 euros financiados por Xunta, Diputación y Concello, dotará al actual campo con césped artificial.
Los momentos de mayor tensión se vivían en la tanda de ruegos y preguntas, cuando la oposición popular presentó un listado de cuestiones y denuncias tras 11 meses sin plenos. Uno de los puntos más debatidos fue la falta de prestación del servicio de ayuda a domicilio a varios vecinos, lo que según los populares ha ocasionado “trastornos en algunos casos graves a los beneficiarios”. La alcaldesa, Patricia Domínguez, respondió afirmando: “Si nos dice un sólo sitio en donde no se está prestando la ayuda a domicilio, seremos nosotros los primeros en tomar medidas”. Una afirmación que fue contestada con indignación por el concejal popular Francisco Vázquez, quien afirmó que su propio padre lleva ocho meses en lista de espera. A esto, la alcaldesa replicó que “ningún ayuntamiento de Galicia tiene la obligación de prestar este servicio, es la Xunta”, sin permitir más intervenciones del edil.
Otra cuestión que generó preocupación fue el retraso en el cobro de recibos de servicios como la escuela de música o la ayuda a domicilio. Los populares alertaron sobre la incertidumbre de los usuarios al no saber si tendrán que pagar meses acumulados de golpe o si podrán aplazar esas cantidades.
Entre otras muchas preguntas, los populares también reclamaban información sobre los gastos del vehículo adaptado municipal, solicitando detalles sobre quiénes están autorizados para conducirlo y a qué personas transporta.
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