La condena le impone tres años de cárcel, multa y un tratamiento psiquiátrico durante tres años
Michael Gonzalez Fernandes, de 22 años, detenido en octubre de 2017 en el marco de la operación Lumex que lo envió a prisión mes y medio, reconoció este jueves en la sala de la Audiencia de Ourense, tal como ya había hecho ante la Guardia Civil y durante la instrucción, que quemó el monte en tres ocasiones en el verano de 2017, un año crítico por los numerosos incendios que asolaron los bosques gallegos y, especialmente, ourensanos. Los fuegos los ocasionaba cuando iniciaba su jornada laboral como trabajador de la brigada de extinción de incendios forestales "Lobios 2". Incluso colaboró en la extinción de uno de ellos.
La fiscal de Medio Ambiente, Carmen Eiró, varió su petición de pena (inicialmente pedía cinco años y medio de cárcel) y tuvo en cuenta una eximente incompleta muy cualificada por la enfermedad mental que padece el exbrigadista: un trastorno psicopatológico grave que limita de modo relevante su capacidad intelictiva y volitiva. Así, cuando fue detenido -en un principio se le imputaban seis fuegos- responsabilizó a un ganadero de la zona del que dijo que le pagó dinero (200 euros) por dos quemas. Entonces relató una rocambolesca historia: un misterioso hombre, que se comunicaba con número oculto y al que sólo vio una vez, le dejaba el dinero a las puertas de un bar cerca de su casa en la aldea de Puxedo. Hasta precisó, "en la esquinita de un banco". El ganadero incluso llegó a declarar como investigado pero no se hallaron pruebas incriminatorias para sentarlo en el banquillo.
Michael aceptó este jueves tres años de prisión, multa de 18 meses con una cuota de dos euros diarios, una inhabilitación especial para ejercer como brigadista u otros trabajos en los montes durante cinco años. También deberá someterse a una medida de libertad vigilada: la sumición a un tratamiento psiquiátrico adecuado a la patología que padece durante tres años.
La acusación pública, además de tener en cuenta la eximente incompleta , retiró el apartado cuarto del artículo 353: cuando el incendio afecta a zonas próximas a núcleos de población o a lugares habitados.
En el momento en que fue detenido, en octubre de 2017, el inculpado llevaba trabajando como brigadista cuatro campañas de verano.
La Guardia Civil lo investigó desde finales de agosto de ese año cuando dos vecinos lo vieron salir con su Seat León de un lugar donde acababa de iniciarse un incendio. Fue sospechoso, además, porque muchos de los fuegos se producían en su turno laboral e incluso le colocaron un dispositivo de seguimiento en el vehículo que solía utilizar.
Ocasionaron gastos por 18.000 euros a la Xunta de Galicia
Los incendios por los que fue condenado afectaron al monte comunal de los vecinos Entrimo y San Martiño de Araúxo y Silvares de Grou (Lobios). Ocurrieron el 22 de agosto, el 27 de septiembre y el 2 de octubre. La sentecia le impone el pago de 18.000 euros en concepto de responsabiliad civil por los gastos de extinción ocasionados a la Xunta.
