Bruselas propone cambios legales para salvar de la quiebra y dar segunda oportunidad a empresas insolventes

La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha propuesto este miércoles cambios legales a escala europea que permita dar una segunda oportunidad a empresas que estén en situación de insolvencia y, así, salvarlas de la quiebra.
'La mayoría de las empresas tienen una vida media de cinco años, muchas quiebran. Esto es un problema para la empresa, pero también para sus empleados. Unos siete millones de puestos de trabajo se pierden cada año por la quiebra de negocios', ha dicho Reding en una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Bruselas quiere que se revisen las reglas sobre insolvencia transfronteriza que existen desde 2000 para una mayor seguridad jurídica para empresarios y acreedores, pero también para asegurar una 'segunda oportunidad' a los negocios 'que pueden seguir en pie' o a los empresarios que erraron en su primer intento.

El Ejecutivo comunitario recuerda que un 18 por ciento de los empresarios que triunfan con su segundo negocio habían fracasado en su primera experiencia.

Entre los objetivos que persigue Reding con su propuesta -que necesita el visto bueno de los 27 y de la Eurocámara para aplicarse- figura la de 'modernizar' las disposiciones actuales para facilitar la reestructuración de empresas en dificultades, al tiempo que se crea un 'clima favorable' para el emprendedor.

También aboga por 'extender el alcance' del reglamento con la revisión de la definición de 'procedimiento de insolvencia', para incluir a empresas que se encuentren en la fase previa a la insolvencia.

Otra de las ideas es mejorar la gestión de los procedimientos y apoyar la creación de un registro común sobre la situación de las empresas, para, por ejemplo, que las autoridades puedan rechazar la apertura de un segundo procedimiento de insolvencia si ya tienen uno abierto en otro Estado miembro, para evitar que se le acumulen los casos a un mismo empresario.

En cuanto a una mayor seguridad jurídica, la intención es impulsar la colaboración entre las jurisdicciones en donde un mismo empresario afronte procedimientos en distintos Estados miembros y obligar a los países a publicar las principales decisiones de, por ejemplo, casos de insolvencia.

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