Con el anuncio de las negociaciones para su posible fusión, CaixaBank y Bankia son las primeras en recoger el guante lanzado con insistencia en los últimos años por supervisores, bancos centrales y expertos, que apuestan por la consolidación como la mejor herramienta para elevar la rentabilidad de las entidades, que ya era un serio problema antes del coronavirus. El ambiente se caldeó esta semana al coincidir varios banqueros en una jornada financiera sobre el futuro y los retos del covid, en la que casi todos abogaron por las fusiones con mayor o menor entusiasmo, entre ellos el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el presidente de la AEB, José María Roldán.
La fusión también es vista con buenos ojos por la mayoría del Gobierno, que incluso la habría alentado, aunque no es el caso de Unidas Podemos, que la considera "preocupante" e insiste en que "el tejido productivo español requiere de una banca pública en la que Bankia puede ser el "embrión". Con las consecuencias de la última crisis aún frescas en la memoria y un rescate millonario aún no restituido en su totalidad, la banca española vuelve a atravesar una etapa muy difícil, marcada por los bajos tipos de interés, los menores ingresos, la digitalización y la languidez de una economía "rematada" ahora por el covid.
“No queda otra que actuar"
Por eso "no queda otra que actuar", según fuentes del sector, que recuerdan que si al final fructifica, el gigante que salga de esta unión será producto, a su vez, de diversos procesos de fusión y posterior conversión en bancos de una docena larga de antiguas cajas de ahorro, precisamente el sector que desapareció en la crisis anterior. Ironías del destino. Y es que las cifras marean, desde los activos totales, que sumarían 664.027 millones de euros, (445.572 millones del banco catalán y 218.455 millones de Bankia), hasta los más de 51.000 empleados y las 6.700 oficinas.
Aunque todavía se desconoce cómo se repartiría el accionariado, está claro que CaixaBank será el primer accionista, y que el Estado será el segundo, al controlar casi un 62% del capital de Bankia, que quedaría en un 14%, según los cálculos de los analistas consultados, lo que haría más fácil su venta.
Antes de conocer los detalles, los sindicatos ya exigen que la operación tenga el mínimo coste posible en términos de empleo y se salde con prejubilaciones y bajas incentivadas, en tanto que los consumidores protestan porque consideran que la excesiva concentración de entidades elevaría los precios y repercutiría también en la atención al cliente.
Se espera que la sede social del banco fusionado se mantenga en Valencia, aunque se trabaje con grandes equipos desde Barcelona y Madrid, desde donde gestionan la operativa ambas entidades.
Mientras llegan más noticias, tanto los propios implicados como sus principales competidores optan por la prudencia y prefieren callar, aunque fuentes del sector admiten que hace tiempo que se esperaba el comienzo de una nueva etapa de consolidación.
Puig, confiado en que la sede social permanezca en Valencia
El president de la Generalitat, Ximo Puig, se mostró "confiado" de que la sede social resultante de la posible fusión entre CaixaBank y Bankia sea Valencia, una decisión que tilsó de "fundamental" tanto para la Comunidad como para la propia ciudad de Valencia. Puig defendió que "es el espacio adecuado", de "estabilidad" y que sería un "aval importante para la Comunidad".
Así se manifestó Puig ayer en una comparecencia ante los medios, en la que se ha mostrado "confiado" de que la entidad resultante de la posible fusión entre CaixaBank y Bankia "opte por Valencia", un espacio "amable" a la inversión, "con estabilidad" y que "favorece la toma de decisiones".
Preguntado por la posible eliminación de algunas oficinas de las dos entidades, señaló que las empresas tendrán que abordar la reforma "con la menor pérdida de puestos de trabajo posible". "Se trata de hacerlo de la mejor forma en defensa de los intereses de los clientes valencianos y de los trabajadores".
También el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha apostado por mantener la sede en Valencia y ha confiado en que el nuevo banco tenga "ADN social".
CaixaBank acordó a finales de 2017 trasladar su sede social a Valencia debido a la crisis política que se vivía en Cataluña ante una inminente declaración unilateral de independencia.
Igualmente, Bankia también tiene su sede en Valencia desde que en 2010 se crease la entidad, fruto de la fusión de la valenciana Bancaja y Caja Madrid, entre otras entidades.
