Galicia, País Vasco y Navarra fueron las únicas comunidades autónomas que no se acogieron al plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno para que puedan pagar las facturas que tienen pendientes con proveedores.
Así lo explicó ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante la rueda de prensa de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Las comunidades tenían hasta este lunes, 1 de abril, para solicitar su inclusión en el plan de pago. A partir de ese momento, todas las autonomías a excepción de Galicia, País Vasco y Navarra tendrán de plazo hasta el próximo 15 de abril para presentar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus facturas pendientes de cara a poder pedir los créditos para pagarlas.
Según este mecanismo de pago, las comunidades autónomas y ayuntamientos dispondrán de 35.000 millones de euros en un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5 por ciento para pagar a sus proveedores, con un periodo de carencia de dos años. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó la creación del Fondo que canalizará el crédito avalado por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado de los ayuntamientos.
Con este mecanismo, en el que participarán prácticamente todos los bancos españoles, entre los que se incluirá también el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Gobierno espera que los proveedores puedan empezar a cobrar las facturas que tienen pendientes las corporaciones locales a partir del mes de mayo.
Según este mecanismo de pago, las comunidades autónomas y ayuntamientos dispondrán de 35.000 millones de euros en un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5 por ciento para pagar a sus proveedores, con un periodo de carencia de dos años. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó la creación del Fondo que canalizará el crédito avalado por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado de los ayuntamientos.
Con este mecanismo, en el que participarán prácticamente todos los bancos españoles, entre los que se incluirá también el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Gobierno espera que los proveedores puedan empezar a cobrar las facturas que tienen pendientes las corporaciones locales a partir del mes de mayo.
