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El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid desbloqueó la entrega de los 34 millones de euros que Plus Ultra tenía aún pendientes de recibir en concepto del rescate público acordado por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI, con el fin de evitar su quiebra. En un auto, el juez en funciones de sustitución Jaime Serret atiende las alegaciones de la compañía y el escrito de la Fiscalía de Madrid, que se mostró partidaria de levantar el bloqueo al no apreciar delito y para evitar una situación de falta de liquidez a clientes y acreedores.
De esta forma, revoca el auto dictado el pasado 22 de julio por la titular del juzgado, Esperanza Collazos, que suspendió el rescate a la espera de que la aerolínea lo justificase como medida cautelar en la investigación por el presunto fraude en la concesión de esta ayuda.
El magistrado recupera los argumentos del Ministerio Público, y reconoce que “es cierto” que, por el momento, “no hay el más mínimo indicio” de los hechos que denuncian tanto el PP como Vox, personados en la causa como acusación popular. En su opinión, ambas partes se han limitado “a transcribir artículos del Código Penal y su jurisprudencia, sin engarzarlo con los hechos denunciados”. Tanto es así que, prosigue, por ahora “no aparece delito de cohecho ante la absoluta falta de referencia a la dádiva o contraprestación por el presunto otorgamiento fraudulento de la ayuda financiera a Plus Ultra”.
Lo mismo ocurre con el presunto tráfico de influencias, “pues tampoco hay referencia alguna” a que se beneficiara a la aerolínea por posibles razones de amistad, parentesco o jerarquía. Es más, recuerda, el rescate, que asciende a 53 millones de euros, fue aprobado “tras el filtro de los informes de un asesor financiero externo y un asesor legal externo, quienes comprobaron el cumplimiento” de los requisitos.
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