El PSOE aseguró ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de reforma laboral si no se retira o se modifica durante el trámite parlamentario, al considerar que vulnera varios artículos de la Constitución. Mientras, IU promoverá la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la norma en todos aquellos parlamentos autonómicos en los que les sea posible según su representación en los mismos y sus Estatutos de Autonomía.
Fue la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien se refirió a tres aspectos de la nueva reforma que su partido considera 'susceptibles de recurso ante el Tribunal Constitucional porque vulneran varios artículos de la Constitución'. En primer lugar, Rodríguez habló del nuevo contrato que establece la reforma, por el que los trabajadores tendrán que superar un periodo de prueba obligatorio de un año, 'lo que significa que el empresario tiene 365 días para despedir sin causa justificada y sin indemnización'.
Para los socialistas, esta disposición vulnera el artículo 35 de la norma constitucional, que reconoce el derecho al trabajo y que la extinción de un contrato ha de responder a una causa justa prevista de antemano. 'El período de prueba de un año convierte al trabajador en objeto de despido libre sin una causa justificada', subrayó la portavoz socialista.
Además, Rodríguez explicó que este precepto rompe con la naturaleza del periodo de prueba, 'que, como señalan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), deben tener distinta duración según la cualificación de los trabajadores y la duración debe ser razonable y negociada, no obligatoria'.
CONDICIONES DE TRABAJO
Por otro lado, el PSOE encuentra 'claramente inconstitucional' la posibilidad que da la nueva regulación laboral al empresario de modificar las condiciones de trabajo de los empleados, 'sobre todo los salarios, con un periodo de siete días de preaviso'. 'Esto no se sostiene ni legal ni jurídicamente', aseveró la dirigente socialista, quien destacó asimismo que la reforma deja al trabajador 'solo dos opciones: o aceptar la rebaja del salario o irse'.
Desde IU fue su responsable federal de la Secretaría de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, quien anunció que su formación promoverá la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la norma en todos aquellos parlamentos autonómicos en los que tengan representación y cuyos Estatutos de Autonomía y competencias así lo permitan. Así, IU quiere ampliar la iniciativa que emprendió a principios de esta semana en las Cortes de Aragón, donde a través de su grupo parlamentario, encabezado por Adolfo Barrena, registró la petición de convocar un Pleno para debatir la presentación del recurso de inconstitucionalidad. La formación coordinará y adaptará el contenido, así como el proceso de presentación de esta iniciativa a lo requerido por los diferentes estatutos en cada una de las comunidades.
A las críticas a la reforma se siguen sumando los sindicatos. Desde UGT se advierte de que la sociedad española 'no podrá aguantar las políticas de ajuste de Rajoy' y desde CC.OO. no se renuncia a la huelga general para tratar de corregir la norma.
Para los socialistas, esta disposición vulnera el artículo 35 de la norma constitucional, que reconoce el derecho al trabajo y que la extinción de un contrato ha de responder a una causa justa prevista de antemano. 'El período de prueba de un año convierte al trabajador en objeto de despido libre sin una causa justificada', subrayó la portavoz socialista.
Además, Rodríguez explicó que este precepto rompe con la naturaleza del periodo de prueba, 'que, como señalan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), deben tener distinta duración según la cualificación de los trabajadores y la duración debe ser razonable y negociada, no obligatoria'.
CONDICIONES DE TRABAJO
Por otro lado, el PSOE encuentra 'claramente inconstitucional' la posibilidad que da la nueva regulación laboral al empresario de modificar las condiciones de trabajo de los empleados, 'sobre todo los salarios, con un periodo de siete días de preaviso'. 'Esto no se sostiene ni legal ni jurídicamente', aseveró la dirigente socialista, quien destacó asimismo que la reforma deja al trabajador 'solo dos opciones: o aceptar la rebaja del salario o irse'.
Desde IU fue su responsable federal de la Secretaría de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, quien anunció que su formación promoverá la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la norma en todos aquellos parlamentos autonómicos en los que tengan representación y cuyos Estatutos de Autonomía y competencias así lo permitan. Así, IU quiere ampliar la iniciativa que emprendió a principios de esta semana en las Cortes de Aragón, donde a través de su grupo parlamentario, encabezado por Adolfo Barrena, registró la petición de convocar un Pleno para debatir la presentación del recurso de inconstitucionalidad. La formación coordinará y adaptará el contenido, así como el proceso de presentación de esta iniciativa a lo requerido por los diferentes estatutos en cada una de las comunidades.
A las críticas a la reforma se siguen sumando los sindicatos. Desde UGT se advierte de que la sociedad española 'no podrá aguantar las políticas de ajuste de Rajoy' y desde CC.OO. no se renuncia a la huelga general para tratar de corregir la norma.
