La seguridad privada no pasa por su mejor momento, porque la crisis también ha hecho mella en un sector que ha visto caer su facturación desde 2008 un 20 por ciento y que no ve en la futura ley que lo regula un bálsamo que cure sus heridas, si acaso un pequeño remedio que impulse su recuperación. Es en la salida de la actual situación económica en la que confía la patronal Aproser, que representa a las doce mayores empresas de seguridad privada que facturan más del 70 por ciento del total del negocio del sector.
Un sector en que esta semana se han centrado las miradas después de que el Congreso de los Diputados aprobara el proyecto de la nueva ley de Seguridad Privada, que ahora tendrá que pasar el trámite del Senado, y que ha suscitado el recelo del principal partido de la oposición y de los sindicatos policiales y de clase al considerar que favorece la iniciativa privada.
Y no solo eso. Para algunos supondrá la subordinación de la seguridad pública a la privada e, incluso, la privatización de servicios hasta ahora reservados a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, el sector se defiende, niega la mayor y dice, en boca del secretario general de Aproser, Eduardo Cobas, que en ningún caso los vigilantes privados sustituirán a los agentes de la seguridad pública y que tampoco la futura ley vendrá a solucionar los problemas del sector.
LOS DATOS
A finales de 2012, había registradas en España 1.490 empresas y una de cada cinco se dedica a la vigilancia, el subsector más importante en facturación porque aporta el 65 por ciento del total, mientras que el resto corresponde a sistemas de alarma y transporte de dinero y objetos valiosos, entre otros. Tan solo cuatro de ellas cuentan con más de 5.000 trabajadores y siete de cada diez tiene entre uno y 19 asalariados, según datos de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad.
Cobas completa esta radiografía con los datos negativos de la facturación del sector, que este año volverá a caer -calcula que un 8%- para cerrar con una cantidad inferior a los 3.000 millones, lejos de los 3.600 millones en los que el Ministerio del Interior ha cifrado el volumen de negocio de estas empresas. Descenso por culpa no solo de la caída de los contratos privados, sino sobre todo por la disminución de los públicos (el 78 por ciento del total).
Y no solo eso. Para algunos supondrá la subordinación de la seguridad pública a la privada e, incluso, la privatización de servicios hasta ahora reservados a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, el sector se defiende, niega la mayor y dice, en boca del secretario general de Aproser, Eduardo Cobas, que en ningún caso los vigilantes privados sustituirán a los agentes de la seguridad pública y que tampoco la futura ley vendrá a solucionar los problemas del sector.
LOS DATOS
A finales de 2012, había registradas en España 1.490 empresas y una de cada cinco se dedica a la vigilancia, el subsector más importante en facturación porque aporta el 65 por ciento del total, mientras que el resto corresponde a sistemas de alarma y transporte de dinero y objetos valiosos, entre otros. Tan solo cuatro de ellas cuentan con más de 5.000 trabajadores y siete de cada diez tiene entre uno y 19 asalariados, según datos de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad.
Cobas completa esta radiografía con los datos negativos de la facturación del sector, que este año volverá a caer -calcula que un 8%- para cerrar con una cantidad inferior a los 3.000 millones, lejos de los 3.600 millones en los que el Ministerio del Interior ha cifrado el volumen de negocio de estas empresas. Descenso por culpa no solo de la caída de los contratos privados, sino sobre todo por la disminución de los públicos (el 78 por ciento del total).
