El Tribunal Supremo ha decidido condenar al actual consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, a ocho meses de prisión y a una pena de inhabilitación por la presentación de una querella falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993.
Así lo confirmaron fuentes jurídicas, que señalaron que los magistrados de la Sala de lo Penal acordaron hace tres semanas endurecer la pena que impuso la Audiencia Provincial de Barcelona en diciembre de 2009 a Sáenz, al considerar no sólo que cometió un delito de acusación y denuncia falsa sino también un intento de estafa procesal, del que había sido absuelto.
La sentencia, que no se hará publica por el Supremo hasta finales de enero por no estar redactada, sólo puede ser suspendida si el Tribunal Constitucional admite a trámite un posible recurso de Sáenz. No obstante, con la sentencia del Supremo, el Banco de España podría obligar a Sáenz a dimitir de su cargo, de acuerdo con un real decreto de 1995 sobre Creación de Bancos y Otras Cuestiones Relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito.
Los hechos se remontan a 1994, cuando Banesto emprendió una agresiva estrategia de recuperación de créditos dudosos. En ese contexto, el banco presentó a sabiendas de su falsedad una querella por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros).
La sentencia, que no se hará publica por el Supremo hasta finales de enero por no estar redactada, sólo puede ser suspendida si el Tribunal Constitucional admite a trámite un posible recurso de Sáenz. No obstante, con la sentencia del Supremo, el Banco de España podría obligar a Sáenz a dimitir de su cargo, de acuerdo con un real decreto de 1995 sobre Creación de Bancos y Otras Cuestiones Relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito.
Los hechos se remontan a 1994, cuando Banesto emprendió una agresiva estrategia de recuperación de créditos dudosos. En ese contexto, el banco presentó a sabiendas de su falsedad una querella por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros).
