La defensa de Begoña Gómez solicita suspender la declaración de dos cargos de la UCM

La defensa de Begoña Gómez, a través de un escrito, solicita al magistrado encargado de su caso que no lleve a cabo el interrogatorio en calidad de testigos de dos cargos de la Universidad Complutense de Madrid, encuentros en el marco de la investigación agendados para este viernes, 19 de julio, a las 13:00 horas. Alega que, en la denuncia inicial de Manos Limpias, no existen referencias a la institución o a su seno como contexto de los presuntos delitos.

Los citados al interrogatorio son el actual vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM, José María Coello de Portugal, y el anterior en el cargo, Juan Carlos Doadrio.

Diligencia "impertinente e inútil"

En el documento, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, apunta que las citas testificales programadas para este viernes suponen una diligencia "impertinente e inútil". Argumenta, en el escrito, que "si los hechos no están siendo investigados en el presente procedimiento no cabe tomar declaración". Subraya, en relación a la Universidad Complutense, que "nada tiene que ver con el objeto del presente procedimiento".

"Indeterminación" en la investigación

El abogado, Antonio Camacho, como en escritos anteriores, reitera la existencia de una "indeterminación" en cuanto al objeto de lo que se está investigando y que, este hecho, "ha sobrevolado" el procedimiento judicial desde sus comienzos.

En el texto, hace referencia a sus "reiteradas peticiones" en las últimas semanas de que se aclarase, por el juzgado instructor, "los hechos que constituyen el objeto de investigación" y recuerda que el auto de la Audiencia Provincial de Madrid acotaba las pesquisas, indicando que "solo existían indicios suficientes con relación a los contratos en donde se otorgaban una serie de subvenciones a la UTE formada por Innova Next S.L.U y la Escuela de Negocios The Valley".

De acuerdo con ese auto, Camacho incide en que esos hechos "eran los únicos que reunían indicios suficientes como para abrir la investigación respecto a los mismos", y señala que, al poco tiempo, Peinado "se inhibió a favor de La Fiscalía Europea por estimar que ésta era la competente para conocer de los mismos".

Con su razonamiento, defiende que "el presente procedimiento carecería de cualquier objeto puesto que el inicial que fue delimitado por la Audiencia Provincial habría sido remitido para su investigación a la Fiscalía Europea". Defiende que debería ser bastante para "fundamentar este recurso", ya que "si no existe objeto de la investigación no cabe que el instructor acuerde la práctica de ninguna diligencia".