El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo para subir el salario de todos los empleados públicos hasta un 0,5% adicional en la nómina de octubre, con efectos retroactivos desde enero, en virtud de un acuerdo firmado con CCOO y UGT que vinculaba esta subida a la evolución de la tasa de variación anual estimada del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de septiembre, que se situó en el 3,2%.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, cifró el coste global de esta medida en el conjunto de las administraciones públicas en unos 740 millones de euros, de los que una “pequeña parte” corresponde a la Administración General del Estado (AGE), para la que ya se había reservado un montante en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en previsión de que el IPCA fuera superior al estimado.
Montero recordó que esta subida tiene carácter retroactivo desde enero y es fruto del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado por los sindicatos CCOO y UGT con el Gobierno en la Mesa General de las administraciones públicas.
Subidas
Según lo acordado, las nóminas de los empleados públicos se elevaron en 2023 un 2,5% fijo, con la posibilidad de dos subidas variables, de 0,5% cada una. La primera se aplicaría si el IPC armonizado de 2022 y 2023 -hasta septiembre, según el dato adelantado- superaba el 6% y la segunda variable del 0,5% operaría si el PIB nominal en 2023 superaba el previsto por el Gobierno (2,1%). La primera subida variable, vinculada al IPCA, ya se cumplió, por lo que el Gobierno procedió a aprobar ayer el acuerdo por el que se aplicará en las nóminas del conjunto de empleados públicos.
Montero explicó que esta subida adicional del 0,5% será automática para los que son funcionarios. “En las empresas públicas y sector público ese incremento también opera, pero se sujeta también al convenio y, por tanto, a la interlocución sindical con la representación legítima que tenga cada ente instrumental, pero esta subida apela a todo el conjunto de empleados, funcionarios locales y de comunidades autónomas”, subrayó la ministra en funciones. La titular de Hacienda resaltó que con esta subida se da cumplimiento al acuerdo alcanzado con los sindicatos, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno de cumplir con la otra subida adicional del 0,5% vinculada al PIB.
“Esa será otra variable que se podrá analizar en el mes de febrero y que completará ese 3,5% de subida a más de tres millones y medio de empleados públicos, que se irá completando a lo largo de los próximos meses, dando cumplimiento al acuerdo que se llevó a cabo con el conjunto de sindicatos”, señaló.
El acuerdo contempla que, en 2023, si el incremento del PIB nominal es igual o superior al que aparece estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE (2,1%), se aplicará otra subida complementaria de un 0,5%.
Jueces, fiscales y letrados públicos aumentan su salario en 450 euros
El Consejo de Ministros también aprobó ayer los acuerdos para hacer efectiva la subida salarial de alrededor de 450 euros mensuales pactada con jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia. Se cumplen así los acuerdos que cerraron los Ministerios de Justicia y de Hacienda con estos colectivos la pasada primavera, que permitieron acabar con dos meses de huelga de los letrados y evitar el paro de jueces y fiscales.
El acuerdo alcanzado con tres asociaciones de jueces y otras tantas de fiscales -no firmó la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- implica una subida salarial progresiva de 450 euros al mes a partir de la nómina de octubre, al margen de otras mejoras laborales y de una convocatoria de plazas.
El acuerdo, que tiene carácter retroactivo desde enero de 2023, debía haber empezado a aplicarse en la nómina de julio. Fuentes de los letrados recuerdan que su huelga indefinida, que mantuvieron durante más de dos meses, abrió el camino de la negociación también con jueces y fiscales. El último balance de los letrados en marzo cifró el impacto de su paro en más de 400.000 juicios suspendidos, 480.000 demandas pendientes de reparto y 1.500 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados.
Por su parte, los funcionarios de Justicia recordaron que su conflicto, por el que realizaron paros y manifestaciones entre abril y julio, continúa, y amenazaron con nuevas movilizaciones si no se negocian sus reivindicaciones.
