El Gobierno ha aprobado, en el Consejo de Ministros extraordinario por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Ley Orgánica Integral contra la Trata que quedó pendiente la pasada legislatura en su misma redacción.
En esta ocasión, lo ha hecho a propuesta del Ministerio de Igualdad, que dirige la socialista Ana Redondo, mientras que en la pasada legislatura lo impulsó la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, en lugar de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero.
Se trata de una aprobación en primera lectura, por lo que el texto tiene que pasar por los órganos consultivos y, además, en la rueda de prensa posterior al Consejo, Redondo ha manifestado su intención de contar con la opinión de todas las organizaciones del sector.
"Es una ley que no es punitivista, es una ley fundamentalmente centrada en la prevención, en la sensibilización y en la protección de las víctimas. Y lo que se pretende es actuar frente a todas las formas de trata, como nos exige tanto el convenio de Varsovia como el convenio de Estambul y nuestros compromisos internacionales", ha asegurado.
Asimismo, Redondo ha recordado que, con esta ley, amplían el concepto de trata a otras tratas que tienen que ver con la trata laboral, la trata sexual, la trata con objetivo matrimonial, matrimonios concertados, la trata para comercio de órganos, etcétera.
Los principales puntos de la Ley de Trata
Garantía de los derechos de la víctima
Como novedad, se crea el Mecanismo Nacional de Derivación (MND), como órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata.
Con carácter general, se reconoce el derecho a una protección y asistencia especializadas, adecuadas a la tipología de trata y explotación sufrida y al perfil de la víctima. Se le informará en un idioma que pueda comprender, con ayuda de un intérprete o mediador cultural, si fuera necesario, y en estrecha colaboración con las entidades especializadas acreditadas.
Se reconoce también el derecho a la privacidad y a la protección de la identidad desde el momento de la detección y el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Protección de menores
Contempla la protección de menores víctimas de trata y explotación. Así, se reconoce el derecho a una protección y asistencia especializadas, adecuadas a la tipología de trata y explotación sufrida y al perfil de la víctima y con un procedimiento ágil, especializado y bajo el principio del interés superior del menor.
Se pretende garantizar la información y participación de los menores en todos los procedimientos y la continuidad de la asistencia y protección una vez alcanzada la mayoría de edad. También se prevén medidas específicas para los menores no acompañados y la no repatriación por interés superior del menor.
Sistema de protección
También se crea una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, con rango de Dirección General, que supervisará todas las políticas públicas en materia de trata y explotación y desempeñará el papel de coordinador nacional a los efectos de representación de España en el ámbito internacional. Adscrito a esta Relatoría se encuentra el Mecanismo Nacional de Derivación.
Junto a ella, se regulan las unidades especializadas de las instituciones públicas implicadas en el proceso de detección e identificación. Además, aborda también la cooperación institucional e internacional con los países de origen, adoptando un enfoque integral que abarca tres ejes prioritarios: la prevención, la protección y la persecución.
Extensión de ayudas económicas
Este viernes el Consejo de Ministros ha instado al ministerio de Igualdad a desarrollar el artículo 41 de esta Ley para extender las ayudas económicas a víctimas de violencia de género a las víctimas de violencia sexual.
Igualmente, la titular de Igualdad ha anunciado que se ha aprobado la renovación del protocolo de actuación frente al acoso y al abuso en el seno de la Administración General del Estado, un acuerdo alcanzado y anunciado la pasada semana.
