¡A por todas!', es la consigna del Partido Popular para las próximas elecciones autonómicas respecto a los residentes en el exterior, con el único objetivo de aprobar la que consideran su asignatura pendiente: el voto de los emigrantes.
Actos de campaña en medio centenar de ciudades en el exterior, viajes de los máximos responsables o de casi todos, pegada de carteles y creación de gestoras y delegaciones del exterior allí donde un grupo, por pequeño que sea, esté dispuesto.
La batalla está clara, pero el estratega encargado de llevarla a buen fin suscita todas las dudas posibles. De momento, Alfredo Prada, el director del PP en el Exterior nombrado por Mariano Rajoy y sin ningún tipo de experiencia en la emigración, no ha tenido un buen debut.
Para las elecciones catalanas organizó viajes, fiestas de inicio de campaña y pegadas de carteles con fotografía para la posteridad en las más diversas partes del mundo, pero los resultados no sólo no mejoraron, sino que empeoraron. De 2.854 votos en el 2006, el PP catalán ha pasado a 2.588. Un comienzo agrio.
VAIVENES POLÍTICOS
El objetivo parece claro, prioritario y de suma importancia para el futuro electoral de Rajoy, pero la elección de Prada para ejecutarlo para indicar justo lo contrario, como se desprende de su trayectoria política, llena de vaivenes.
A falta de unos meses para los comicios autonómicos, y con la reforma de la ley electoral aprobada, el responsable de Exterior exige al Gobierno una campaña informativa sobre los requisitos para ejercer el derecho al voto, aunque la propia página web de su partido aún mantiene información obsoleta, y en la que se puede leer: 'El elector del CERA recibirá de oficio en su país de residencia (sin necesidad de solicitarla) la documentación para el voto por correo'. Algo totalmente caduco, ya que la nueva ley impone el voto rogado (sí hay que solicitar la documentación).
Y es que en lo que respecta al derecho al voto de los emigrantes en todos los comicios, Prada ha mantenido un doble juego. A los españoles residentes en el exterior les aseguró en un reciente Congreso en Venezuela que 'mi formación no aceptará bajo ningún concepto propuestas que mermen los derechos electorales de los emigrantes'
En cambio, en el I Congreso del PP en el Exterior, que tuvo lugar en enero de 2011, y a pesar de ser una convocatoria organizada para crear el programa electoral del partido para el exterior, su máximo responsable, Alfredo Prada no sólo no incluyó el tema en los paneles de debate, sino que tampoco permitió hablar sobre él a nadie de los presentes, a pesar de haber recibido peticiones sobre el tema.
Tampoco concedió tiempo a los miembros de la Plataforma por el derecho al voto citados expresamente en León por el gabinete de Rajoy, quien finalmente no los atendió, y a los que Prada tampoco recibió formalmente.
La principal incógnita y en consecuencia la principal duda sobre el verdadero compromiso de Rajoy con la emigración nacen precisamente del perfil y el pasado político de Alfredo Prada.
Abogado leonés, se afilió a Alianza Popular en 1988, avalado por el matrimonio de Miguel Pérez y Rosa Carballo, el primero condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricador.
VINCULACIÓN CON FN
Acarició en el 2003 el cargo de viceconsejero de Presidencia con Gallardón, pero su vinculación en años de juventud con Fuerza Nueva, hizo que el entonces presidente de la Comunidad retirara ese nombramiento.
En su defensa, Prada, quien no desmintió su asistencia a mitines de este partido, matizó: 'Voy sólo a acompañar a mi suegra'. En León, enfrentado entonces con la dirección del partido de la ciudad, dirigentes de Fuerza Nueva aseguraron que 'era del partido'.
Volvería a ser noticia en el 2008, cuando siendo Consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Esperanza Aguirre, se vio envuelto en una supuesta trama de espionaje, tras dejar a un lado en el Congreso de Valencia a su hasta entonces valedora Esperanza Aguirre. Quizás por eso los representantes de la comunidad de Madrid (segunda con mayor número de residentes en el exterior, tras Galicia, con un 12 por ciento aproximado del CERA), no existan en las estrategias del partido para el exterior.
Lo público y lo personal se entrecruzan en la vida política de Prada, repleta de contradicciones y de desmentidos. Tras haber corroborado varios supuestos 'partes de seguimiento de sus actividades' confirmando que había sido espiado, se contradijo días después, afirmando que 'no me paré a revisar todo lo que dicen los informes'.
Una vez abandonado el cargo de consejero, Rajoy le nombró responsable del partido Exterior, aunque alguno de sus viajes, como el que lo llevó a Brasil, acabara con su detención y una acusación de 'desacato a la autoridad', tras un incidente en el aeropuerto, al solicitarle un funcionario que abriera su maleta.
Aunque ya nada lo vincula a la Comunidad de Madrid, aún colean algunos asuntos, como el destino de dos ordenadores personales que Prada pidió en 2007 y 2008 y que se llevó con él tras el cese, o el del Campus de la Justicia.
Según aseguraba Francisco Granados, actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, respecto a este Campus, al que se destinaron 1,4 millones de euros, 'estos gastos no fueron aprobados ni conocidos por la Comunidad de Madrid.
Al tratarse de unos gastos encargados por una persona concreta fuera del Consejo de Gobierno (en alusión a Alfredo Prada) lo lógico es que esa persona, que sigue en política y en activo, explique por qué decidió hacer estos gastos y no otros'.
Con estos antecedentes y un camino lleno de enemigos dentro de los compañeros de su propio partido, cada vez son mayores las dudas y las críticas internas y externas por la sorprendente asignación de Alfredo Prada a la gestión de los asuntos relacionados con la emigración.
La batalla está clara, pero el estratega encargado de llevarla a buen fin suscita todas las dudas posibles. De momento, Alfredo Prada, el director del PP en el Exterior nombrado por Mariano Rajoy y sin ningún tipo de experiencia en la emigración, no ha tenido un buen debut.
Para las elecciones catalanas organizó viajes, fiestas de inicio de campaña y pegadas de carteles con fotografía para la posteridad en las más diversas partes del mundo, pero los resultados no sólo no mejoraron, sino que empeoraron. De 2.854 votos en el 2006, el PP catalán ha pasado a 2.588. Un comienzo agrio.
VAIVENES POLÍTICOS
El objetivo parece claro, prioritario y de suma importancia para el futuro electoral de Rajoy, pero la elección de Prada para ejecutarlo para indicar justo lo contrario, como se desprende de su trayectoria política, llena de vaivenes.
A falta de unos meses para los comicios autonómicos, y con la reforma de la ley electoral aprobada, el responsable de Exterior exige al Gobierno una campaña informativa sobre los requisitos para ejercer el derecho al voto, aunque la propia página web de su partido aún mantiene información obsoleta, y en la que se puede leer: 'El elector del CERA recibirá de oficio en su país de residencia (sin necesidad de solicitarla) la documentación para el voto por correo'. Algo totalmente caduco, ya que la nueva ley impone el voto rogado (sí hay que solicitar la documentación).
Y es que en lo que respecta al derecho al voto de los emigrantes en todos los comicios, Prada ha mantenido un doble juego. A los españoles residentes en el exterior les aseguró en un reciente Congreso en Venezuela que 'mi formación no aceptará bajo ningún concepto propuestas que mermen los derechos electorales de los emigrantes'
En cambio, en el I Congreso del PP en el Exterior, que tuvo lugar en enero de 2011, y a pesar de ser una convocatoria organizada para crear el programa electoral del partido para el exterior, su máximo responsable, Alfredo Prada no sólo no incluyó el tema en los paneles de debate, sino que tampoco permitió hablar sobre él a nadie de los presentes, a pesar de haber recibido peticiones sobre el tema.
Tampoco concedió tiempo a los miembros de la Plataforma por el derecho al voto citados expresamente en León por el gabinete de Rajoy, quien finalmente no los atendió, y a los que Prada tampoco recibió formalmente.
La principal incógnita y en consecuencia la principal duda sobre el verdadero compromiso de Rajoy con la emigración nacen precisamente del perfil y el pasado político de Alfredo Prada.
Abogado leonés, se afilió a Alianza Popular en 1988, avalado por el matrimonio de Miguel Pérez y Rosa Carballo, el primero condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricador.
VINCULACIÓN CON FN
Acarició en el 2003 el cargo de viceconsejero de Presidencia con Gallardón, pero su vinculación en años de juventud con Fuerza Nueva, hizo que el entonces presidente de la Comunidad retirara ese nombramiento.
En su defensa, Prada, quien no desmintió su asistencia a mitines de este partido, matizó: 'Voy sólo a acompañar a mi suegra'. En León, enfrentado entonces con la dirección del partido de la ciudad, dirigentes de Fuerza Nueva aseguraron que 'era del partido'.
Volvería a ser noticia en el 2008, cuando siendo Consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Esperanza Aguirre, se vio envuelto en una supuesta trama de espionaje, tras dejar a un lado en el Congreso de Valencia a su hasta entonces valedora Esperanza Aguirre. Quizás por eso los representantes de la comunidad de Madrid (segunda con mayor número de residentes en el exterior, tras Galicia, con un 12 por ciento aproximado del CERA), no existan en las estrategias del partido para el exterior.
Lo público y lo personal se entrecruzan en la vida política de Prada, repleta de contradicciones y de desmentidos. Tras haber corroborado varios supuestos 'partes de seguimiento de sus actividades' confirmando que había sido espiado, se contradijo días después, afirmando que 'no me paré a revisar todo lo que dicen los informes'.
Una vez abandonado el cargo de consejero, Rajoy le nombró responsable del partido Exterior, aunque alguno de sus viajes, como el que lo llevó a Brasil, acabara con su detención y una acusación de 'desacato a la autoridad', tras un incidente en el aeropuerto, al solicitarle un funcionario que abriera su maleta.
Aunque ya nada lo vincula a la Comunidad de Madrid, aún colean algunos asuntos, como el destino de dos ordenadores personales que Prada pidió en 2007 y 2008 y que se llevó con él tras el cese, o el del Campus de la Justicia.
Según aseguraba Francisco Granados, actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, respecto a este Campus, al que se destinaron 1,4 millones de euros, 'estos gastos no fueron aprobados ni conocidos por la Comunidad de Madrid.
Al tratarse de unos gastos encargados por una persona concreta fuera del Consejo de Gobierno (en alusión a Alfredo Prada) lo lógico es que esa persona, que sigue en política y en activo, explique por qué decidió hacer estos gastos y no otros'.
Con estos antecedentes y un camino lleno de enemigos dentro de los compañeros de su propio partido, cada vez son mayores las dudas y las críticas internas y externas por la sorprendente asignación de Alfredo Prada a la gestión de los asuntos relacionados con la emigración.
