El PSOE registra una ley para limitar la acusación popular

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, avanzó que su proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales “frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, registrada ayer, busca “impedir los mecanismos de acoso” por parte de grupos “ultras” que usan la acusación popular para fines propios y suprimir el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, que es utilizado “permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas y periodistas”.

En declaraciones a los medios, añadió que esta iniciativa parlamentaria también recoge que se inadmitan las querellas que se basen en recortes de prensa -asumiendo así “la doctrina del Tribunal Supremo”- y una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que contemple una nueva causa de recusación para que los magistrados que hayan realizado manifestaciones a favor o en contra de determinados partidos, sindicatos u organizaciones concretas no puedan participar en procesos en los que los mismos formen parte.

López destacó que en la actualidad se llevan a cabo acciones judiciales “de forma abusiva con el único fin de atacar a quienes no comulgan” con unos planteamientos determinados, y por este motivo el Grupo Socialista incluye en esta iniciativa cuatro frentes. “No sólo en España sino también en muchos otros países estamos asistiendo a la persecución y difamación sistemática de artistas, de creadores, de científicos, de periodistas y adversarios políticos por parte de sectores extremistas, sectores de ultraderecha que pervirtiendo las herramientas del Estado de Derecho utilizan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos”, lamentó.

A su juicio, esta estrategia va cada vez a más y puso como ejemplo el caso de la presentadora del especial de las Campanadas en TVE Lalachus. “Pero en los últimos meses la lista de personas perseguidas y acosadas no ha hecho más que aumentar y en el fondo lo que hacen estos ultras con esta estrategia es vulnerar nuestros derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la creación, el derecho al honor, el derecho a la intimidad o el derecho a la tutela judicial efectiva”, añadió.

Por otro lado, sobre la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, el portavoz destacó que quieren suprimir el artículo 525 del Código Penal (CP) porque no registra apenas condenas y sin embargo “es utilizado permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, a activistas, a representantes electos, haciéndoles pasar por procesos penales que son muy costosos a nivel económico pero, sobre todo, a nivel personal, sin fundamento alguno”.

Resaltó, no obstante, que con esta eliminación no se despenaliza el ataque o el acoso por motivos religiosos si se ataca o se acosa por su fe en la reputación de una persona, porque para eso está el delito de injurias.

Asociaciones de jueces critican que impide la acción popular y avisan: “Es inconstitucional”

Las cuatro asociaciones de jueces criticaron severamente la proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados por el PSOE ya que “inutiliza” la acción popular en los procesos judiciales, es “inconstitucional” y parece creada para su “específica aplicación a casos concretos”. En concreto, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), señaló que esa modificación de la figura de las acusaciones populares parece buscar “la impunidad” si se atiende a “las causas abiertas” actualmente.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, lamentó que, si bien se está en “una fase muy incipiente de la tramitación parlamentaria”, se acude conscientemente -por parte del PSOE- “a la peor de las técnicas legislativas imaginables, puesto que la ley por definición ha de tener vocación de generalidad y de aplicación en el futuro”.

Para el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, es un error incluir en esta proposición de ley la regulación de la figura de la acusación popular porque ésta debería abordarse en el anunciado proyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal, “dando un tratamiento coherente y ponderado al cambio de la responsabilidad de instruir”. También el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, señaló que los abusos en el uso por parte de partidos políticos y asociaciones de la acción popular “aconsejaban desde hace muchísimo tiempo una restricción o limitación al ejercicio” de la misma.

Además se pronunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que considera que la iniciativa que registró el PSOE es una “ley de impunidad para la familia socialista” ante los casos de presunta corrupción que le afectan. “La idea tuvo que venir en alguna de las maletas venezolanas”, afirmó el presidente del PP en un mensaje en su cuenta oficial X.