La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, criticó en una entrevista al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón al considera que tenía “cierta querencia” a pronunciarse en “momentos políticos sensibles”, tras insistir el juez en la tesis terrorista en la causa sobre Tsunami Democratic, en la que investiga al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, por un presunto delito de terrorismo. “Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles”, aseguró Ribera. Sus declaraciones provocaron un tormenta que ha enfrentado a la judicatura con los miembros del Gobierno.
En este sentido, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por unanimidad expresar su “rotundo rechazo” a las críticas de Ribera al considerar que son “contrarias” al “deber de respeto a la independencia judicial”, al tiempo que reclamó “responsabilidad institucional” para “evitar la utilización política de la Justicia”. Los tres vocales conservadores que integran la Comisión Permanente -José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona- habían pedido al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que convocara una reunión urgente de la misma, algo que finalmente se hizo de forma telemática para alumbrar un pronunciamiento unánime, poco usual en este Consejo, habitualmente dividido en los bloques progresista y conservador.
Independencia judicial
Para la Comisión Permanente, “estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional” y “al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de Derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia”.
Por su parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional defendió al juez negando que actuase con “una pretendida motivación política a modo de respuesta judicial al acuerdo de investidura entre los partidos PSOE y Junts per Catalunya y a la proposición de ley de amnistía”. Así se expresaron los magistrados de la Sección Tercera en un auto en el que avalan las diligencias de investigación acordadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, al tiempo que rechazan las acusaciones vertidas por el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, investigado en la causa.
