La defensa de Iñaki Urdangarin, afirmó, en el escrito que presentó para oponerse a la fianza civil de 8,2 millones de euros solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que su patrocinado no percibió 'cantidad alguna' de los convenios rubricados de Baleares y Valenciana con el Instituto Nóos, del que fue presidente entre 2003 y 2006.
En un escrito de 33 páginas, el abogado Mario Pascual Vives, asevera que Urdangarin no se ocupó, ni en el Instituto Nóos ni en la sociedad Nóos Consultoría Estratégica 'de materias financieras, contables, fiscales, laborales o administrativas', actividades que achaca, por el contrario, a su exsocio Diego Torres.
'Como ha quedado hasta la fecha indiciariamente acreditado', recalca el letrado, fueron tanto el propio Torres -en su entonces cargo de vicepresidente de Nóos- como sus cuñados Miguel Tejeiro -asesor fiscal-, Marco Tejeiro -director general y gerente- 'e incluso' Luis Tejeiro -en su parcela de gestoría- quienes 'se ocuparon de manera exclusiva de tales actividades', negando cualquier tipo de 'ilicitud penal' por parte del duque.
Tras recalcar así que tampoco sus actuaciones generaron 'daño o lesión patrimonial', la defensa de Urdangarin incide en que fue en los domicilios personales y profesionales de los anteriores imputados donde apareció toda la documentación contable, fiscal y administrativa de las empresas investigadas, mientras que fue 'exclusivamente' a Torres a quien el juez requirió, en septiembre de 2010, todas estas informaciones.
La defensa explica asimismo que Urdangarin 'no ha sido ni socio, ni apoderado, ni legal representante' de las sociedades investigadas en el marco de esta causa. Así, sobre el papel que el duque ejerció al frente de Nóos, asevera que 'nunca tuvo ninguna intervención material' en la suscripción de los convenios para la celebración de los Illes Balears Forum -a los que el Govern balear destinó 1,2 millones en 2005 y 1,085 millones en 2006- y para cada una de las tres ediciones del Valencia Summit -1,044 millones cada una-, sino que fue Torres quien participó en ello.
'NO ERA AUTORIDAD'
Por su parte, Diego Torres también presentó, a través de su abogado, Manuel González Peeters, sus alegaciones contra la fianza en un escrito de 19 páginas, donde argumenta que, al no ser funcionario público, no puede ser tenido como sujeto activo de un delito de prevaricación, sino en todo caso 'mero partícipe', lo que le excluye del pago de una responsabilidad civil.
El exsocio del duque afirma que 'no es verdad' que Nóos cometiera acto ilícito de suerte alguna' y que, bien al contrario, su actuación 'se llevó a cabo con más que notable éxito en todos los sentidos'.
La defensa de Torres insiste en que su cliente no era autoridad ni funcionario público en el momento de los hechos investigados por el juez 'ni era, ni podía, ni puede ser sujeto activo, lo que le excluye de la oportunidad de poder ser autor de un delito de prevaricación'.
Así, en caso de que finalmente el juez confirme que deben pagar la fianza, deberán hacerlo de forma conjunta y solidaria ambos imputados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte, o que sólo uno de ellos haga frente a la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones de euros.
'Como ha quedado hasta la fecha indiciariamente acreditado', recalca el letrado, fueron tanto el propio Torres -en su entonces cargo de vicepresidente de Nóos- como sus cuñados Miguel Tejeiro -asesor fiscal-, Marco Tejeiro -director general y gerente- 'e incluso' Luis Tejeiro -en su parcela de gestoría- quienes 'se ocuparon de manera exclusiva de tales actividades', negando cualquier tipo de 'ilicitud penal' por parte del duque.
Tras recalcar así que tampoco sus actuaciones generaron 'daño o lesión patrimonial', la defensa de Urdangarin incide en que fue en los domicilios personales y profesionales de los anteriores imputados donde apareció toda la documentación contable, fiscal y administrativa de las empresas investigadas, mientras que fue 'exclusivamente' a Torres a quien el juez requirió, en septiembre de 2010, todas estas informaciones.
La defensa explica asimismo que Urdangarin 'no ha sido ni socio, ni apoderado, ni legal representante' de las sociedades investigadas en el marco de esta causa. Así, sobre el papel que el duque ejerció al frente de Nóos, asevera que 'nunca tuvo ninguna intervención material' en la suscripción de los convenios para la celebración de los Illes Balears Forum -a los que el Govern balear destinó 1,2 millones en 2005 y 1,085 millones en 2006- y para cada una de las tres ediciones del Valencia Summit -1,044 millones cada una-, sino que fue Torres quien participó en ello.
'NO ERA AUTORIDAD'
Por su parte, Diego Torres también presentó, a través de su abogado, Manuel González Peeters, sus alegaciones contra la fianza en un escrito de 19 páginas, donde argumenta que, al no ser funcionario público, no puede ser tenido como sujeto activo de un delito de prevaricación, sino en todo caso 'mero partícipe', lo que le excluye del pago de una responsabilidad civil.
El exsocio del duque afirma que 'no es verdad' que Nóos cometiera acto ilícito de suerte alguna' y que, bien al contrario, su actuación 'se llevó a cabo con más que notable éxito en todos los sentidos'.
La defensa de Torres insiste en que su cliente no era autoridad ni funcionario público en el momento de los hechos investigados por el juez 'ni era, ni podía, ni puede ser sujeto activo, lo que le excluye de la oportunidad de poder ser autor de un delito de prevaricación'.
Así, en caso de que finalmente el juez confirme que deben pagar la fianza, deberán hacerlo de forma conjunta y solidaria ambos imputados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte, o que sólo uno de ellos haga frente a la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones de euros.
